Durante años, los despachos de Bruselas han parecido búnkeres insonorizados, ajenos a los gritos de desesperación que llegaban desde los tractores en las carreteras europeas. La burocracia asfixiante, los requisitos medioambientales imposibles y la falta de rentabilidad han llevado al sector primario al límite del colapso. Pero algo ha cambiado. En un giro de guion que pocos esperaban, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a una reforma masiva de la Política Agrícola Común (PAC) que suena a disculpa oficial. Han reconocido, implícitamente, que se habían pasado de frenada.
La nueva normativa, aprobada por una mayoría aplastante (629 votos a favor), no es un simple ajuste técnico. Es un salvavidas de urgencia. La Unión Europea ha decidido priorizar la supervivencia de los pequeños agricultores frente a la dictadura del papelleo. Se acabó el rellenar formularios infinitos para justificar que se está trabajando la tierra. La simplificación administrativa llega con la promesa de menos controles y, sobre todo, más dinero directo al bolsillo del productor modesto.
Lluvia de millones para el pequeño productor
El titular es claro: el dinero irá a quien realmente lo necesita. La reforma introduce ayudas directas de hasta 3.000 euros anuales para las pequeñas explotaciones, una cifra que supera las previsiones iniciales y que busca blindar la economía familiar rural. Pero la medida estrella es el nuevo pago único de hasta 75.000 euros destinado al desarrollo y modernización de estas fincas.
Esto es oxígeno puro para regiones como Andalucía, donde el campo no es solo economía, es cultura y demografía. Con casi 210.000 beneficiarios en la región, esta inyección de capital podría ser el freno de mano a la despoblación, complementando otras medidas vitales como las ayudas fiscales a la natalidad en pueblos que la Junta está impulsando para evitar que el interior se convierta en un desierto humano.
Adiós a la policía medioambiental estricta
Quizás el cambio más controvertido, pero celebrado por el sector, es la relajación de las normas verdes. Bruselas ha entendido que no se puede ser ecologista con el estómago vacío. A partir de 2026, se flexibilizan condiciones clave: las tierras mantendrán la categoría de «cultivo» aunque no se aren o siembren, protegiendo así las ayudas sin obligar a trabajos innecesarios que solo generan gasto.
Además, se limitan las inspecciones. Los agricultores dejarán de sentirse criminales perseguidos por la administración. Habrá una única visita oficial al año. Manuel Gómez, secretario general de Agricultura de la Junta de Andalucía, ha calificado la medida de «histórica», asegurando que responde directamente a las demandas que el campo andaluz lleva gritando años. Es un reconocimiento de que la agricultura ecológica y tradicional, muy presente en zonas como Almería y sus invernaderos, necesita apoyo y no trabas.
¿Es suficiente para salvar el campo?
La reforma es un paso gigantesco, sí, pero llega tras años de desgaste. La pregunta es si estas ayudas podrán revertir el abandono generacional. Andre Rodrigues, eurodiputado ponente de la reforma, asegura que esto «devuelve la dignidad a la profesión». Sin embargo, el campo necesita más que dinero puntual; necesita precios justos y protección frente a la competencia desleal externa.
Europa ha movido ficha, forzada por las protestas y la realidad de una soberanía alimentaria en riesgo. Ahora, la pelota está en el tejado de los Estados miembros para implementar estas ayudas con la agilidad que prometen. Por primera vez en mucho tiempo, Bruselas no legisla contra el agricultor, sino con él. Veremos si es suficiente para que el campo vuelva a florecer.
