Un flujo incontrolado de personas dificulta la integración, pone en riesgo la seguridad de Reino Unido y amenaza la cohesión social
Gran Bretaña vive en el absoluto caos ante la inmigración ilegal desmedida y las altas demandas de asilo. Por eso, el país ahora está dispuesto a tomar medidas para “restaurar el orden y el control”, como dice la ministra del Interior, Shabana Mahmood.
Ante los “abusos del sistema” de muchos inmigrantes, especialmente magrebíes, ante la oleada de violencia, inseguridad, robos y agresiones sexuales… Ante las críticas ciudadanas en ciudades como Bristol, el país presenta un plan que quiere ser contundente: “Restablecer el orden y el control: una declaración sobre la política del Gobierno en materia de asilo y repatriaciones”.
Plantea un giro sustancial respecto a la política migratoria. Con medidas como que el reconocimiento de la condición de refugiado pasará a ser esencialmente temporal, con permisos de 30 meses renovables solo si persiste el riesgo en el país de origen. Y con la residencia indefinida aplazada hasta transcurridos veinte años, frente a los cinco actuales.
La realidad es clara. En los últimos cuatro años, más de 400.000 personas solicitaron asilo en el Reino Unido. Y más de 100.000 viven en alojamientos financiados por el Estado. Para más INRI, más de la mitad de quienes obtuvieron asilo siguen dependiendo de prestaciones ocho años después de haber llegado. “Para el público británico, que paga la factura, el sistema se percibe como fuera de control e injusto”. En España vamos por el mismo camino.
Más medidas que plantea Reino Unido…
El Gobierno suprimirá la obligación legal de ofrecer apoyo financiero universal y la sustituirá por un modelo discrecional basado en la necesidad real y en la cooperación de los solicitantes con las autoridades. Las ayudas podrán ser retiradas a quienes trabajen sin permiso o incumplan las normas de su alojamiento.
La reforma contempla asimismo el cierre progresivo del sistema de hoteles contratados de emergencia.
En el ámbito del control migratorio, el plan endurece la lucha contra el trabajo ilegal y amplía las inspecciones a sectores donde el empleo informal es frecuente, como la hostelería.
Deportaciones de familias
El plan prioriza la agilización de los retornos de personas cuya solicitud haya sido rechazada y la reanudación de deportaciones a países considerados seguros. El Gobierno introducirá además un mecanismo específico para la deportación de familias cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas, incluidas aquellas con hijos menores de edad.
También se prevé establecer centros de retorno en terceros países y aplicar restricciones de visado a los Estados que no cooperen en la repatriación de sus ciudadanos.
Asimismo, el plan incluye la revisión del uso de tecnologías de reconocimiento facial para verificar la edad de los solicitantes y el endurecimiento de las normas contra reclamaciones reiteradas o infundadas.
Mahmood acusó al anterior Ejecutivo conservador de haber dejado “una herencia deplorable”. “No tomaremos lecciones del partido que abandonó la responsabilidad de gobernar”.
Perodentro del propio Partido Laborista, varios diputados expresaron inquietud por el tono y el enfoque del plan. Algunos advirtieron de que el discurso del Gobierno podría “reforzar una cultura de creciente racismo”. ONG’s de refugiados, es decir, chiringuitos ideológicos, califican la medida de “racista y cruel”.
Un paso en la dirección correcta
Para la oposición conservadora, la reforma es solo “un pequeño paso en la dirección correcta”, aunque reprochó a los laboristas no haber roto con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Durante el debate parlamentario, la ministra desmintió las versiones que sugerían que el Gobierno planeaba confiscar pertenencias de los solicitantes de asilo, como joyas, para cubrir los costes de su manutención.
Básicamente, el Gobierno británico quiere ahora, que le llega el agua al cuello, plantar cara a la inmigración ilegal. El objetivo: restaurar el sentido común.
Reforma migratoria radical
Se trata de un movimiento largamente esperado por millones de británicos: una reforma migratoria radical para «restaurar el orden y el control» en las fronteras del Reino Unido. Esta decisión, que marca un antes y un después en la política nacional, es un soplo de aire fresco en medio de una crisis migratoria que, según advierte el propio Gobierno, está «destrozando al país».
Durante demasiado tiempo, hemos presenciado cómo el sistema de asilo se convertía en una puerta giratoria y un imán para la inmigración ilegal. Las mafias han prosperado y miles de personas han cruzado el Canal de la Mancha en embarcaciones precarias, no solo poniendo en peligro sus vidas, sino también colapsando los servicios públicos y erosionando la confianza en la ley.
Asilo: se acabó el ‘Pase de Entrada’
La medida más contundente y necesaria de esta reforma es el endurecimiento de los plazos para obtener la residencia permanente. Bajo el sistema anterior, una persona que lograba el estatus de asilo podía optar a la residencia en tan solo cinco años. Esta brevedad incentivaba la picaresca y convertía el asilo en un camino rápido hacia el estatus legal en Europa.
Ahora, los solicitantes de asilo solo podrán optar a la residencia permanente después de veinte años. Cuatro veces más. Este cambio es un acto de sentido común y una señal inequívoca. El asilo es para quienes huyen de la persecución real, no un billete para una vida cómoda a costa del contribuyente británico.
Orden y Control: prioridad nacional
La advertencia del Gobierno de que la inmigración ilegal «destroza al país» no es alarmismo. Es una declaración de la cruda realidad en el Reino Unido.
- Coste Económico: El coste de alojar y procesar a decenas de miles de inmigrantes ilegales es una sangría para las arcas públicas. Cada libra gastada en mantener este sistema disfuncional es una libra que no se invierte en hospitales, escuelas o en reducir la carga fiscal de las familias trabajadoras.
- Seguridad y Cohesión: Un flujo incontrolado de personas dificulta la integración, pone en riesgo la seguridad nacional y amenaza la cohesión social de nuestras comunidades.
El Gobierno, con esta reforma, cumple su mandato de proteger a los ciudadanos británicos y sus intereses. Esta no es una reforma contra la inmigración, sino una reforma a favor del orden, el control y la soberanía nacional.
Por ello, esta reforma es un paso valiente y necesario para devolver a Gran Bretaña su dignidad y su capacidad de decidir quién entra y bajo qué condiciones.
