El socialista tachó de ‘delincuente confeso’ a un ciudadano particular cuando estalló el escándalo de la imputación del fiscal general que designó
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está convocado en el Juzgado de Primera Instancia nº 98 de Madrid el próximo miércoles, 12 de febrero, a las 12:30, para un acto de conciliación con la pareja de Ayuso, a quien tachó públicamente de «delincuente confeso».
En concreto, el socialista pronunció el pasado 17 de octubre unas declaraciones que el denunciante, Alberto González Amador, considera un ataque a sus derechos fundamentales, por lo que el acto de conciliación, si no hay retractación, abre la posibilidad de interponer una querella.
Sánchez señaló a la pareja de Ayuso cuando saltó el escándalo de la imputación del fiscal general que designó
Sánchez aludió al denunciante el pasado 17 de octubre, tras saltar el escándalo de la imputación del fiscal general del Estado (elegido por el socialista) precisamente por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos que, de probarse, constituye una violación del derecho a la defensa de González Amador.
Usando el cargo que detenta, y el alcance mediático de sus palabras, Sánchez se dedicó a señalar a González Amador en estos términos: «Probablemente, la noticia que conocimos ayer nos permita recordar el origen de todo esto, que es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo».
Cabe señalar que Sánchez marcó la línea totalitaria de convertir a un ciudadano particular en blanco de señalamiento desde instituciones públicas que han seguido, desde integrantes de su propio Gobierno, hasta cabecillas de ultraizquierda y prensa subvencionada.
Acto previo a una querella por presuntas injurias y calumnias
Según recoge ‘Europa Press’ el documento judicial especifica que la cita es un acto «previo a una querella por presuntas injurias y calumnias», por lo que, si no se alcanza un acuerdo, González Amador podrá iniciar el proceso penal. Cabe recordar que ninguno de los dos está obligado a asistir personalmente, ya que pueden enviar a sus abogados.
De acuerdo con fuentes jurídicas citadas por ‘The Objective’, González Amador considera que las declaraciones de Sánchez constituyen una «infracción de los más elementales deberes de respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español». Por ello, exige una indemnización de 100.000 euros.
El juzgado también advirtió que, «si no comparece la parte solicitante se le tendrá por desistido y se archivará el expediente», mientras que «si no comparece la parte requerida de conciliación se tendrá por intentada a todos los efectos legales».
