La izquierda vuelve a hacerlo. Lo que comenzó como una “reforma técnica” de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ha terminado siendo un trasvase masivo y silencioso hacia la sanidad pública, en el que más de 60.000 funcionarios han perdido la libertad de elegir su atención médica.
Un año después de que el Gobierno de Sánchez hundiera el modelo de colaboración público-privada que garantizaba atención de calidad a miles de empleados del Estado, los números no engañan: la Muface ha vivido su peor crisis en décadas.
La estrategia: vaciar Muface para engordar la sanidad pública
Hace justo un año, ninguna de las aseguradoras (Asisa, Adeslas ni DKV) quiso renovar el concierto con Muface. ¿Por qué? Porque el Gobierno de Sánchez recortó los presupuestos y asfixió económicamente el sistema, haciendo imposible mantener los estándares de calidad y los plazos de pago.
El resultado fue inmediato: DKV abandonó, Asisa y Adeslas se quedaron al límite… y decenas de miles de funcionarios fueron empujados a “elegir” la sanidad pública, una elección que, en la práctica, fue obligada.
“No se trata de una elección libre, sino de un proceso forzado por la incompetencia del Gobierno”, denuncian fuentes sindicales.
Los datos que el Gobierno no quiere que veas
Según los últimos datos oficiales, la sanidad pública absorbió a más de 60.000 nuevos mutualistas en solo un año. En total, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) suma 567.530 afiliados, 50.000 más que el año anterior.
Mientras tanto, el número de afiliados en el sistema concertado —es decir, la sanidad privada bajo convenio Muface— se mantiene estable, pero bajo presión, con Adeslas rozando los 574.000 mutualistas y Asisa los 418.000.
La fuga masiva no es casualidad. La política del Ejecutivo ha sido clara: erosionar el modelo de libre elección sanitaria, con el objetivo ideológico de “igualar por abajo” a todos los españoles en un sistema cada vez más colapsado, ideologizado y burocrático.
La sanidad privada, en alerta: “Sobra oferta, falta apoyo”
El consejero delegado de DKV, Fernando Campos, lo ha dicho sin rodeos:
“Hay un exceso de oferta. El ramo de salud complementa a la sanidad pública, pero los políticos intentan enfrentarlos.”
Traducido: la izquierda quiere destruir la colaboración público-privada, aunque eso signifique empeorar la atención de miles de servidores públicos.
Mientras los burócratas del PSOE y Sumar presumen de “igualdad”, los médicos huyen del sistema público, las listas de espera baten récords y los funcionarios pierden los privilegios sanitarios que se ganaron con años de servicio.
Muface, un modelo que la izquierda quiere borrar del mapa
Desde su creación, Muface fue un modelo ejemplar: permitía a los funcionarios elegir entre sanidad pública y privada, garantizando libertad, eficiencia y calidad.
Pero el Gobierno de Sánchez ha hecho todo lo posible por desmontar ese equilibrio.
En 2025, la Muface ya no es una opción sólida, sino un campo de batalla ideológico. Y mientras las aseguradoras se marchan y los mutualistas se desesperan, el Ejecutivo socialista impone su receta preferida: más Estado, menos libertad.
Lo que viene: el “plan oculto” de la izquierda sanitaria
Fuentes del sector apuntan a que el Gobierno planea integrar completamente la sanidad de los funcionarios en el sistema público antes de 2027.
Eso significaría el fin de Muface tal y como la conocemos.
El mensaje es claro: quieren acabar con cualquier espacio donde el ciudadano pueda elegir. Primero la educación concertada. Ahora la sanidad de los funcionarios. Y mañana, quién sabe.
La realidad que los medios afines ocultan
Mientras RTVE y El País hablan de “estabilidad” y “modernización”, los datos muestran un modelo colapsado, funcionarios descontentos y aseguradoras que huyen.
La supuesta “normalidad” de Muface es solo una máscara que esconde el avance del intervencionismo y la incompetencia ideológica.
La pregunta es simple:
¿Hasta cuándo seguirá la izquierda utilizando la salud de los españoles para sus experimentos ideológicos?
