El Gobierno va a por los influencers. La CNMC ha abierto un expediente sancionador a Ibai Llanos por una presunta infracción grave de la Ley General de Comunicación Audiovisual, y el mensaje que deja el movimiento es claro: la era de la “barra libre” en el streaming ha terminado.
La decisión, adoptada el 19 de febrero, coloca a uno de los creadores más influyentes de España ante una posible multa que podría oscilar entre 30.000 y 750.000 euros.
Ibai respondió con ironía directa al presidente del Gobierno: “¿Cómo le haces esto a un hermano?”
La frase ha corrido como la pólvora.
La CNMC activa el expediente contra Ibai y lanza un aviso al sector
El motivo del expediente sería la aparición de latas de Coca Cola durante la presentación de los artistas de La Velada 2025 sin identificar el contenido como publicidad con el habitual #publi.
La CNMC considera que podría haberse vulnerado el artículo 94 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, relativo a las obligaciones de los llamados “usuarios de especial relevancia”.
Y aquí está la clave.
La ley ya no trata a ciertos influencers como simples creadores digitales. Los equipara, en determinados aspectos, a operadores audiovisuales con obligaciones similares a las televisiones.
¿Quién es un “usuario de especial relevancia”?
Según la normativa, entran en esa categoría quienes:
- Superan los 300.000 euros de ingresos brutos anuales.
- Tienen más de un millón de seguidores en una plataforma.
- Controlan y organizan sus contenidos.
Ibai Llanos cumple los tres requisitos sin discusión.
Eso le sitúa dentro del radar regulatorio.
Y no es el único.
Multas de hasta 750.000 euros y un mensaje al ecosistema digital
La sanción todavía no es firme. La apertura del expediente no implica multa automática. La CNMC dispone de 12 meses para resolver y el streamer puede presentar alegaciones en el plazo de un mes.
Pero la horquilla económica es contundente: entre 30.000 y 750.000 euros.
El simple anuncio del expediente ya ha generado inquietud en el sector.
Muchos creadores digitales se preguntan ahora si la Administración endurecerá el control sobre colaboraciones comerciales, menciones de marca y patrocinios integrados en emisiones en directo.
El movimiento puede marcar un antes y un después.
Del streamer al “operador audiovisual” bajo supervisión
La Ley General de Comunicación Audiovisual, reformada para adaptarse al entorno digital, amplió el perímetro regulatorio para incluir a grandes creadores de contenido.
La lógica del Gobierno es clara: si un influencer mueve audiencias masivas y factura cifras millonarias, debe asumir obligaciones similares a las de otros medios.
Pero la crítica también es evidente: ¿se está aplicando el mismo rasero a todos los actores digitales?
El caso Ibai se convierte en símbolo.
El trasfondo político del choque
La reacción del streamer mencionando a Pedro Sánchez, aunque en tono humorístico, ha añadido un componente político al asunto.
En redes sociales, el debate ya no gira solo en torno a si faltó el hashtag publicitario.
Gira en torno a si el Ejecutivo está endureciendo el control sobre figuras con enorme capacidad de influencia social.
El ecosistema digital español ha crecido sin apenas fricciones regulatorias durante años. Ahora la supervisión se intensifica.
¿Se abre una etapa de mayor control sobre influencers?
El expediente a Ibai no es una anécdota aislada. Es una señal.
Si finalmente prospera una sanción, el precedente afectará a:
- Streamers.
- YouTubers.
- Creadores en Twitch, TikTok o Instagram.
- Organizadores de eventos masivos con patrocinadores visibles.
La frontera entre entretenimiento y comunicación comercial se estrecha.
Y el margen de error se reduce.
El mensaje implícito es que el Gobierno quiere reglas claras para un sector que mueve millones y audiencias que superan a muchas cadenas tradicionales.
La pregunta es si esto garantizará mayor transparencia… o si generará una batalla abierta entre regulación y libertad creativa.
Lo que es indiscutible es que el expediente contra Ibai ha puesto a los influencers en el centro del tablero político y regulatorio.
Y ahora todos miran a la CNMC.
