El que fuera número tres del PSOE es acusado de liderar una red corrupta vinculada a la adjudicación de obras públicas
La Fiscalía Anticorrupción no da su brazo a torcer: ante el riesgo de destrucción de pruebas, rechaza el recurso del ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, para salir de prisión provisional. ¿El motivo? Temen que, si pisa la calle, las pruebas clave del escándalo desaparezcan.
Cerdán está imputado por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, y no es una figura secundaria: para el fiscal jefe Alejandro Luzón, él era “el jefe de la presunta organización criminal” según las fuentes fiscales recogidas por Europa Press.
¿Qué hay detrás del cerco judicial a Cerdán?
Según las citadas fuentes, el Ministerio Público considera que la libertad de Cerdán pondría en riesgo la investigación. Y lo dice claro: aún hay pruebas que podrían alterarse o destruirse.
El relato de los fiscales va más allá de lo político: lo acusan de utilizar al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García para colarse en el corazón del poder y manejar adjudicaciones de obras públicas a cambio de comisiones.
Mensajes explosivos y acusaciones graves
Los mensajes y conversaciones que manejan los investigadores son, según la Fiscalía, “explícitos”. Tanto, que han calificado de “ofensiva” la estrategia de defensa de Cerdán, quien se presenta como víctima de una persecución política.
¿Por qué no se aplica el mismo criterio a Ábalos o Koldo?
Mientras a ellos se les impusieron medidas más suaves (como retirada de pasaporte y comparecencias periódicas), Cerdán ha ido directo a prisión sin fianza. Para la Fiscalía, la diferencia está en su rol de liderazgo dentro de la trama.
El pasado 3 de julio, los abogados de Cerdán pidieron su libertad inmediata, alegando falta de pruebas reales. Denuncian una prisión “sin indicios de criminalidad suficientes” y critican que el juez ha adoptado una postura “inquisitiva”, fiándose –dicen– ciegamente del informe de la Guardia Civil.
Sin embargo, ni la Fiscalía ni el Partido Popular (personado como acusación popular) han comprado ese argumento. “No es una causa política, es una causa de corrupción”, aseguran.
