España vive un tiempo de excepción. El país asiste, entre la estupefacción y la indignación, a una deriva institucional sin precedentes desde la restauración democrática de 1978. Lo que hasta hace poco era impensable —la sumisión del poder judicial, la claudicación ante quienes quieren destruir la unidad nacional, y la normalización de pactos con el separatismo y el populismo más corrosivo— se ha convertido en norma bajo este Gobierno.
Pero el pueblo español, ese que ha sido históricamente paciente, ha decidido decir basta.
Este viernes 30 de mayo, Sevilla recogerá la antorcha encendida en la Plaza de Colón de Madrid y dará voz a una ciudadanía que ya no está dispuesta a permanecer callada ante la demolición sistemática del Estado de Derecho. La Plaza Nueva será testigo de una manifestación cívica, firme, transversal, convocada desde la sociedad civil, sin etiquetas partidistas, pero con una misma exigencia: la dimisión inmediata del presidente del Gobierno y la convocatoria urgente de elecciones generales.
Una respuesta transversal frente a la traición
La convocatoria cuenta con el respaldo del Club de Debate Jovellanos —punta de lanza de una nueva generación comprometida con la defensa de los valores constitucionales— y más de 30 asociaciones de toda España. A ellas se suma la “Plataforma por la España Constitucional”, que agrupa a 129 entidades ciudadanas y fue responsable de la histórica manifestación del pasado 10 de mayo en Madrid.
El mensaje es claro: no se puede seguir gobernando a golpe de chantaje parlamentario, ni hipotecar la unidad de España por la mera supervivencia política. Lo que está en juego ya no es un programa electoral ni una mayoría circunstancial: lo que peligra es la propia continuidad del régimen constitucional surgido de la Transición.
Sevilla responde al llamamiento de Burgos y Madrid
En abril nació “el espíritu de Burgos”, una movilización espontánea que puso en el centro del debate público lo que muchos medios y partidos silenciaban: la indignación creciente de una ciudadanía que se siente traicionada. Ese mismo espíritu revivió días después en Colón, con una convocatoria multitudinaria que volvió a poner de relieve el divorcio entre la clase política gobernante y la España real.
Ahora es Sevilla la que se levanta. No lo hace contra nadie, sino en defensa de todos: del juez que ve cuestionada su independencia, del ciudadano que teme hablar libremente, del catalán constitucionalista abandonado por las instituciones, del venezolano que busca en España la libertad que le fue robada por el chavismo.
No es ideología, es democracia
Desde el poder se quiere presentar esta movilización como una protesta de la “ultraderecha” o como una maniobra política de la oposición. Nada más lejos de la realidad. La concentración de Sevilla no nace de los partidos, sino del pueblo. Del ciudadano corriente que paga sus impuestos, que respeta las leyes, que ama a su país y que no quiere ver cómo su nación se fragmenta ni cómo se vacía de contenido nuestra Constitución.
Frente a quienes promueven el revisionismo, la división entre buenos y malos españoles y la impunidad de quienes atentaron contra la democracia —ya sea con las armas o con urnas ilegales—, miles de ciudadanos se movilizan para recordar algo elemental: España no se vende, ni se trocea, ni se humilla.
La justicia no se negocia
Uno de los motivos más graves que han llevado a esta nueva concentración es el ataque frontal a la independencia judicial. No se trata de un debate técnico o jurídico: hablamos de la piedra angular de cualquier democracia digna de tal nombre. Sin división de poderes, no hay libertad. Sin jueces independientes, no hay garantías para nadie.
Por eso, los convocantes han querido expresar también su total respaldo a los jueces y fiscales que han anunciado un paro el próximo 11 de junio. Una protesta profesional sin precedentes en nuestra historia reciente, que pone en evidencia la gravedad de las reformas que el Ejecutivo pretende imponer.
Complicidad exterior y silencio institucional
El Gobierno ha preferido alinearse con regímenes autoritarios antes que con las democracias hermanas. Un ejemplo clamoroso: han pasado más de 300 días desde la victoria electoral de Edmundo González Urrutia en Venezuela, y el presidente del Gobierno de España aún no ha reconocido su legitimidad. Una complicidad escandalosa con el chavismo, que ofende no solo a los millones de venezolanos en el exilio, sino también a la dignidad internacional de España.
Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha lanzado una seria advertencia sobre la deriva de nuestro país. Las instituciones comunitarias, garantes del Estado de Derecho, no han podido seguir ignorando los excesos de este Gobierno. Europa ha hablado. Ahora, lo hace el pueblo.
La hora de la verdad
Sevilla no será la última. Esta es solo una etapa de un movimiento imparable que recorre España de norte a sur, de este a oeste. Porque hay momentos en los que el silencio es complicidad. Y hay generaciones que no están dispuestas a ser cómplices de la destrucción de lo que tanto costó construir.
La cita del viernes no es una protesta más. Es un acto de afirmación nacional. Una defensa de la verdad frente a la mentira, de la justicia frente al abuso, de la unidad frente a la fragmentación, de la dignidad frente a la humillación.
