Ana María López Losilla, impidió que ayudaran los 18 agentes que ya recorrían los escasos 37 km que les separaban del siniestro
Subdelegada del Gobierno de Sánchez impide que agentes ayuden en la tragedia de Adamuz. Indignación entre agentes de la UPR que ya habían salido del estadio El Arcángel rumbo al lugar del doble descarrilamiento saldado con 45 muertos, porque la subdelegada del Gobierno en Córdoba, la socialista Ana María López Losilla (Técnica Superior de Medio Ambiente), les ordenó de volver.
Mientras se producía el desastre ferroviario a 37 kilómetros de distancia, se celebraba un partido entre el Córdoba y el Málaga en el estadio El Arcángel, donde la Policía Nacional había desplegado a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) para garantizar la seguridad durante el partido de alta asistencia.
La jefa provincial de la Policía Nacional ofreció agentes para ayudar
Al enterarse de las primeras noticias sobre el siniestro, los agentes que custodiaban el encuentro comenzaron a movilizarse de inmediato para prestar auxilio en la zona del accidente, y la comisaria María Dolores López, jefa provincial de la Policía Nacional en Córdoba que se encontraba en el estadio, ofreció en dos ocasiones las unidades a su cargo para ayudar a las víctimas.
Dieciocho policías, distribuidos en tres furgonetas con seis agentes cada una, llegaron a salir en dirección a Adamuz, pero poco después recibieron la orden de dar media vuelta y regresar a Córdoba.
Si bien el jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, Andrés Martín Garrido, intervino para desbloquear la situación, pero finalmente prevaleció la orden de la subdelegada del Gobierno de Sánchez y los agentes que deseaban colaborar en el auxilio tuvieron que retornar al estadio.
La socialista impidió que los agentes llegaran al lugar del siniestro cuando estaban de camino
Ana María López Losilla, la técnico de medio ambiente que, por la razón que convenga al Ejecutivo, detenta un cargo relacionado con la seguridad, como es el de subdelegada del Gobierno en Córdoba, transmitió la orden de volver generando sorpresa, indignación y profundo malestar entre mandos y sindicatos policiales de la zona.
Fuentes policiales recogidas por El Debate atribuyen la decisión de la funcionaria socialista a un conflicto de competencias entre la Guardia Civil y la Policía Nacional para respetar las jurisdicciones de cada cuerpo, y apuntan que el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, Ramón María Clemente Castrejón, mostró una negativa inicial, aunque el citado medio no confirmó ese extremo.
