Los lingotes tenían un valor aproximado de 4.700 millones de francos suizos
Entre 2012 y 2017, el Gobierno de Nicolás Maduro trasladó un total de 127 toneladas de oro del Banco Central de Venezuela a refinerías en Suiza, en una operación discreta destinada a conseguir liquidez y garantías financieras mientras la crisis de deuda del país se profundizaba. Los envíos, realizados principalmente por vía aérea, involucraron lingotes valorados en alrededor de 4.700 millones de francos suizos (aproximadamente 5.050 millones de euros al cambio de la época).
Durante años, estos movimientos se mantuvieron fuera del radar público. Solo gracias al registro detallado de importaciones y exportaciones de Suiza fue posible reconstruir el recorrido del oro, ya que el país europeo documenta minuciosamente todas las entradas y salidas de este metal. Los envíos sucesivos desde Caracas se concentraron finalmente en Suiza, uno de los principales centros mundiales de comercio de oro.
Por qué Suiza fue elegida
La elección de Suiza no fue casual. El país europeo es el mayor centro internacional de importación y exportación de oro por valor y alberga algunas de las refinerías más reconocidas del mundo, como Valcambi, PAMP y Argor-Heraeus, situadas principalmente en el cantón del Tesino. Estas instalaciones pueden fundir lingotes y transformarlos en barras de alta calidad comercial, denominadas “Good Delivery”, que incluyen certificaciones que facilitan su venta en mercados internacionales.
Para Venezuela, el refinado era crucial. El país buscaba monetizar parte de sus reservas del Banco Central en un momento en el que el acceso a financiamiento externo estaba prácticamente cerrado. Una vez procesado, parte del oro salió de Suiza hacia centros financieros internacionales, como el Reino Unido, mientras que otra fracción se vendió directamente a países como Turquía, según reportajes e investigaciones periodísticas.
Un “acto de desesperación” para salvar las finanzas
La radiotelevisión pública suiza, SRF, calificó estos envíos como un “acto de desesperación” del gobierno venezolano para evitar el colapso financiero. El oro se utilizó tanto para ventas directas como para garantizar préstamos y refinanciación de deuda, en un contexto donde Venezuela estaba prácticamente excluida de los mercados financieros internacionales.
Estos datos coinciden con análisis del Center for International Governance Innovation (CIGI) publicados en 2017, que estimaban un déficit de financiación superior a 15.000 millones de dólares, cifra que podría acercarse a 20.000 millones si se incluían compromisos con China. Ese mismo año, los pagos en bonos alcanzaban alrededor de 12.000 millones de dólares, un monto imposible de cubrir para una economía con ingresos en caída libre.
La disminución de las exportaciones de petróleo, principal fuente de divisas de Venezuela, dejó al país sin margen financiero. Según el CIGI, los ingresos por ventas externas eran insuficientes para cubrir los vencimientos de deuda y Venezuela contaba con muy pocos activos líquidos o mecanismos de política económica para equilibrar las cuentas.
Cambios normativos y consecuencias
En ese periodo, las operaciones con oro no violaban sanciones internacionales. Sin embargo, en 2018, Suiza endureció la regulación financiera y se alineó con medidas de la Unión Europea, lo que hoy haría prácticamente imposible repetir transacciones similares con Venezuela.
A pesar de estos esfuerzos por obtener liquidez trasladando reservas al extranjero, la estrategia no impidió el colapso financiero. Para 2017, Venezuela entró en impago de deuda, y actualmente la deuda externa supera los 170.000 millones de dólares, equivalente al doble de su producción económica anual, situando al país en una práctica situación de quiebra.
