Se acusa al eurodiputado de difundir datos personales y promover una campaña de hostigamiento en redes sociales contra exintegrantes de ‘Se Acabó La Fiesta’
El Tribunal Supremo ha decidido abrir una nueva causa penal contra Luis Pérez Fernández, conocido popularmente como Alvise, por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso. La decisión llega tras admitir a trámite la querella interpuesta por los eurodiputados de ‘Se Acabó la Fiesta’ (SALF) Diego Adrián y Nora Junco, quienes denunciaron ser víctimas de una prolongada campaña de hostigamiento orquestada por el político a través de sus canales digitales.
El instructor designado, conforme al turno establecido, será el magistrado Manuel Marchena, figura de reconocido peso en el alto tribunal y presidente de la Sala Segunda. Con esta decisión, Alvise suma ya cuatro causas abiertas en el Supremo, consolidando una situación judicial cada vez más delicada para el controvertido eurodiputado, que irrumpió con fuerza en las elecciones europeas de 2024 al frente de la agrupación Se Acabó la Fiesta.
‘El querellado pudo haber facilitado y hecho públicos aspectos personales e identificativos concernientes a dichas personas’
Los querellantes, hoy integrados en el grupo Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), sostienen que las publicaciones y mensajes de Alvise en su canal de Telegram y en un pódcast derivaron en un acoso masivo y en amenazas constantes. Según el auto, llegaron incluso a temer por su integridad física, tras divulgarse su ubicación, direcciones de correo y números de teléfono.
“El querellado pudo haber facilitado y hecho públicos aspectos personales e identificativos concernientes a dichas personas”, señala el Supremo en su resolución, que recoge además que el propio Alvise habría instado a sus seguidores a mantener una actitud hostil contra los denunciantes.
Una estrategia digital bajo la lupa del Supremo
Los hechos descritos por los eurodiputados configuran, según la Sala, un patrón de acoso digital sostenido en el tiempo, amplificado por el enorme eco mediático de las redes que gestiona el propio Pérez Fernández. La querella detalla cómo los afectados recibieron miles de correos y mensajes amenazantes, lo que los obligó a cambiar sus rutinas, cerrar redes sociales e incluso modificar números telefónicos.
El Supremo considera que los indicios presentados “autorizan a considerar que la actuación del querellado pudiera colmar las previsiones del tipo penal”, al existir “una intención consciente de comprometer el normal desarrollo de la vida cotidiana de las víctimas”.
La instrucción recaerá en manos de Marchena, magistrado que ya dirigió causas de enorme repercusión pública, como el juicio del procés. Su papel será clave para determinar si las conductas de Alvise pueden derivar en responsabilidades penales por instigación al acoso digital y revelación de información privada, delitos especialmente sensibles en el contexto de la política y las redes sociales.
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