La propuesta, mayor que la divulgada ayer, supone el 35 % de la plantilla conjunta de sus filiales; la semana que viene presenta propuestas de indemnización
El «cohete económico» de Sánchez incluye uno de los mayores EREs de los últimos años. Telefónica ya entregó los Expedientes de Regulación de Empleo que afectan a sus siete principales sociedades en España y son mayores de lo anunciado. En total, la compañía propone 6.088 despidos, lo que supone el 35 % de la plantilla conjunta de estas filiales, según comunicaron los sindicatos.
La negociación formal arranca ahora. Empresa y representantes de los trabajadores disponen de un plazo máximo de un mes para pactar tanto la cifra definitiva de salidas como las condiciones económicas. Los sindicatos esperan que Telefónica detalle la próxima semana las primeras estimaciones de indemnización.
Al final, fueron siete ERES
El lunes se entregaron cuatro expedientes. Telefónica de España afecta a 3.649 personas (41,04 % de sus 8.892 empleados), Telefónica Móviles a 1.124 (31,34 % de 3.587), Telefónica Soluciones a 297 (23,89 % de 1.118) y Movistar+ a 279 (32,45 % de unos 860). En conjunto suman 5.319 despidos.
Este martes se completó el paquete con tres expedientes más. Telefónica Global Solutions plantea 140 salidas (21,94 % de 638 empleados), Telefónica S.A. (matriz corporativa) propone 378 (32,58 %) y Telefónica Innovación Digital incluye 233 (23,46 %).
El plan estratégico de Marc Murtra
La compañía anunció estos ajustes dos semanas después de presentar el plan estratégico de Marc Murtra, que persigue redimensionar el grupo, mejorar la liquidez y reducir el apalancamiento. Telefónica ya recortó a la mitad el dividendo de 2026 y ahora ejecuta un recorte masivo de personal.
La empresa pretende imputar el coste de los despidos, que podría rondar los 2.000 millones de euros, a las cuentas de 2025. El ejercicio ya registra pérdidas de 1.080 millones hasta septiembre por la salida de los negocios en Argentina, Uruguay, Perú y Colombia.
El anterior ERE, recuerda The Objective, se cerró hace menos de dos años y afectó a 3.420 trabajadores en las tres grandes filiales. UGT y CCOO exigen que cualquier medida cuente con acuerdo sindical y garantice las condiciones laborales del personal hasta 2030. UGT reclama además que el proceso sea estrictamente voluntario mediante prejubilaciones.
