El Ayuntamiento de Torremolinos ha frenado la apertura de una residencia privada que pretendía alojar a 150 inmigrantes adultos, trasladados desde Canarias a la Costa del Sol.
La decisión del Consistorio se basa en la ausencia de la licencia de primera ocupación, lo que, según ha comunicado, invalida el uso del inmueble por motivos de seguridad.
Los inmigrantes iban a ser reubicados en la antigua residencia Miratorre, situada en la Avenida Sorolla, 23. La empresa propietaria del edificio, Student Rental Málaga S.L., denunció que el Ayuntamiento ha impedido el acceso de los usuarios a las instalaciones, a pesar de que –según afirman– se presentó una declaración responsable y la documentación está en regla, Según ha informado el diario SUR.
Alberto Benito, responsable de la empresa, acusó al Ayuntamiento de ejercer un bloqueo injustificado: “Teniendo todo en regla, están impidiendo que los usuarios entren”, declaró, señalando también un “despliegue policial desproporcionado” ante el inmueble, mientras los inmigrantes esperaban dentro de un autobús estacionado en Estepona. Benito fue más allá al insinuar una posible motivación discriminatoria:
“No les gustan estos inmigrantes porque son de color”
Desde el Consistorio, sin embargo, se insiste en que la medida no responde a ningún tipo de discriminación racial, sino al estricto cumplimiento de la legalidad urbanística y de seguridad. “No hay licencia de primera utilización, ni de actividad, ni trámite alguno en curso que justifique la ocupación del edificio”, indicaron fuentes municipales, que subrayan que el inmueble no está habilitado para el uso que se pretendía.
En una resolución fechada el pasado 15 de abril, el área de Actividades Comerciales del Ayuntamiento de Torremolinos ordenó el “cese inmediato de la actividad” y el precinto del edificio, advirtiendo además del posible riesgo por falta de garantías en materia de extinción de incendios y seguridad.
La iniciativa para el realojo de los inmigrantes estaba coordinada por la ONG Engloba, encargada de la asistencia social del grupo trasladado desde Canarias. Este contingente forma parte de los más de 600 inmigrantes redistribuidos a la península en los últimos meses.
La reapertura del edificio situado en Torremolinos, anteriormente una residencia de mayores, se iba a realizar exclusivamente al uso de acogida de inmigrantes según indicó la empresa propietaria. Sin embargo, las deficiencias legales detectadas por el Ayuntamiento han impedido su activación, abriendo así un nuevo foco de tensión en torno a la gestión migratoria en la Costa del Sol.
