Los investigadores confirman que tres de los cuatro arrestados por la presunta violación grupal de una joven universitaria se encontraban en situación irregular.
Los cuatro hombres fueron detenidos esta semana tras varios días de pesquisas y están a disposición del Juzgado de Violencia contra la Mujer de Pamplona.
La investigación: cuatro detenidos y pruebas en curso
Fuentes policiales aseguran que los sospechosos residían en un asentamiento junto al cauce del río Arga, cerca del recinto donde se celebró una fiesta universitaria el pasado viernes.
La víctima, que fue hallada desorientada y con signos de agresión, está recibiendo atención médica y psicológica en el Hospital Universitario de Navarra.
Los agentes han recopilado muestras biológicas y analizan los teléfonos móviles de los detenidos para determinar si hubo grabaciones o comunicaciones previas entre ellos. Los arrestados permanecen bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial.
La situación administrativa de los detenidos
Fuentes de la investigación confirman que tres de los cuatro hombres tenían abiertos expedientes de expulsión por estancia irregular en España.
Las órdenes se encontraban en trámite, un proceso que puede prolongarse durante meses hasta su ejecución efectiva.
El Ministerio del Interior ha evitado pronunciarse sobre el caso concreto alegando que se trata de un asunto judicializado, pero ha recordado que los expedientes administrativos de expulsión “no pueden ejecutarse mientras haya procesos penales pendientes”.
Reacciones institucionales y sociales
El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona han expresado su “más firme condena” y su “apoyo absoluto a la víctima”.
Asociaciones feministas y colectivos vecinales se concentraron el miércoles en la Plaza de la Biblioteca de la UPNA para reclamar más medidas de prevención y atención a víctimas de agresión sexual.
“Pamplona no puede revivir lo que ya sufrió hace años. Es hora de prevenir, no de lamentar”, señaló una portavoz del colectivo Andrea.
Contexto: la gestión de las órdenes de expulsión
La presencia de ciudadanos con órdenes de expulsión sin ejecutar reabre el debate sobre la coordinación entre administraciones y la lentitud del sistema migratorio español.
Expertos en Derecho de Extranjería recuerdan que, en muchos casos, los procedimientos se paralizan por falta de identificación consular, apelaciones o ausencia de medios para el traslado.
“España tiene miles de expedientes pendientes que no llegan a ejecutarse, lo que crea una sensación de impunidad administrativa”, apunta un portavoz del sindicato policial JUPOL.
La víctima y el proceso judicial
La joven universitaria continúa bajo tratamiento médico y psicológico. El juzgado que instruye la causa ha decretado secreto de sumario mientras se analizan las pruebas de ADN y las declaraciones de los detenidos.
Los investigadores no descartan nuevos arrestos si las evidencias apuntan a más implicados.
