Trabajó por última vez en 2008, acumula condenas por robo con violencia y narcotráfico y sólo dejaba de delinquir cuando estaba en prisión
El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ratificó la extinción de la autorización de residencia de larga duración y la expulsión del territorio nacional de un ciudadano senegalés, al que consideraron una “amenaza real y grave para el orden público”.
El Tribunal considera que existe la causa de expulsión prevista en el artículo 57.2 LO 4/2000, ya que el recurrente acumuló dos condenas por delito de robo con violencia o intimidación cuya pena privativa de libertad osciló entre 2 y 5 años.
Los jueces ponderaron a su favor solo el arraigo laboral que mantuvo en el pasado, aunque señalaron que ya no lo conservó en el presente porque dejó de cotizar en 2008, y agregaron que el hombre tampoco acreditó arraigo familiar ni social, además de que su edad de 56 años no implicó desprotección alguna.
Acumulación de condenas por delitos violentos
La resolución razonó por qué el senegalés representa una amenaza actual real y suficientemente grave para el orden público en los términos que señaló la jurisprudencia.
También remarcó los numerosos antecedentes policiales y judiciales, remarcó la distinta naturaleza de los delitos por los que lo condenaron -delitos contra el patrimonio con violencia o intimidación y delito contra la salud pública-, la reiteración de su comportamiento delictivo y el hecho de que únicamente dejó de delinquir cuando estaba encarcelado.
Ausencia de arraigo acelera salida forzada
La sentencia no firme permite que el senegalés recurra ante el Tribunal Supremo, lo que abre una vía para que el ciudadano senegalés impugne la decisión que lo obliga a abandonar España tras años de residencia, mientras que el tribunal enfatizó la reiteración delictiva como factor clave que inclinó la balanza en contra de su permanencia.
