La administración republicana busca endurecer las medidas frente a los servicios secretos chinos
La Administración Trump avanza en su lucha contra el espionaje procedente de China, considerado por Washington como la principal amenaza para la seguridad nacional y la inteligencia estadounidense. El Gobierno estadounidense trabaja en la aprobación de una ambiciosa ley de contrainteligencia denominada Secure Act (acrónimo de Strategic Enhancement of Counterintelligence and Unifying Reform Efforts), que entrará en vigor en 2026 y revolucionará la forma en que Estados Unidos combate la infiltración extranjera.
El objetivo principal de la norma es fortalecer las medidas frente a los servicios de inteligencia chinos y cerrar cualquier vía de acceso al Gobierno federal y sus agencias de seguridad. La ley contempla la creación de un nuevo organismo central de contrainteligencia bajo la supervisión de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia (ODNI), reemplazando al actual National Counterintelligence and Security Center (NCSC). Este centro tendrá autoridad sobre el FBI, la CIA, la NSA, la DIA y demás estructuras de inteligencia militar, coordinando todos los esfuerzos para neutralizar amenazas extranjeras.
Según fuentes cercanas al Congreso estadounidense, la reforma busca eliminar la «fragmentación operativa» que ha permitido a potencias como China y Rusia aprovechar lagunas en la cooperación entre agencias. Además, la ley redefine la contrainteligencia: dejará de ser una actividad exclusivamente defensiva —centrada en la detección y neutralización de amenazas— para adoptar un enfoque proactivo y ofensivo, donde se incluyan operaciones de infiltración, engaño y contraataque como parte de la estrategia oficial. En otras palabras, Estados Unidos no solo perseguirá a los espías, sino que tomará la iniciativa para adelantarse a ellos.
El Secure Act también establece un sistema más estricto de supervisión sobre los daños causados por intrusiones extranjeras. Hasta ahora, el Congreso ha criticado que las agencias tienden a minimizar fallos y a ocultar el alcance real de las filtraciones. Con la nueva normativa, el centro de contrainteligencia tendrá acceso directo a los informes de intrusión y deberá emitir evaluaciones independientes sobre la pérdida de información sensible.
Uno de los aspectos más relevantes de la ley es su posible impacto en la cooperación internacional. El organismo central podrá suspender la colaboración con cualquier país o institución extranjera si detecta riesgo de infiltración china, incluso sin pruebas concluyentes. Esto pone en alerta a países aliados, entre ellos España, donde Huawei mantiene contratos con sistemas estratégicos del Estado.
Actualmente, España tiene adjudicaciones activas con Huawei en sectores sensibles, como el sistema de escuchas policiales Sitel, la red de comunicaciones del Ejército del Aire y servicios del Ministerio de Hacienda. Este último contrato ya ha sido notificado al Departamento del Tesoro de EE. UU., que lo considera un posible riesgo de seguridad.
