La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto negro sobre blanco lo que ya apuntaban los investigadores del caso: un sistema de facturación opaco, repetitivo y prácticamente imposible de fiscalizar, canalizado a través de la empresa Servinabar 200 y con beneficios desorbitados que alcanzan el 70% en algunos contratos.
La sombra principal recae sobre quien controlaba el 45% de la sociedad: Santos Cerdán, hoy uno de los hombres clave del PSOE.
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, describe un mecanismo tan burdo como eficaz: conceptos genéricos, contratos sin firmar, facturas clonadas en meses consecutivos y diferencias de fechas que no encajan ni con el sentido común ni con la legalidad administrativa.
Facturas genéricas: todo valía mientras nadie mirase
La UCO identifica un patrón sistemático: Servinabar emitía documentos a Acciona con descripciones casi idénticas, tan vagas que resultaba imposible saber qué trabajo se había realizado realmente.
Entre los conceptos repetidos aparecen:
– “Ayudas varias obra”
– “Ayudas servicios varios obra”
– “Topografía”
– “Señalización”
– “Seguridad y Salud”
Para los agentes, esta redacción no es accidental.
La ambigüedad permitía justificar pagos sin necesidad de demostrar actividad concreta, generando un flujo económico que, según el informe, “impide o dificulta la identificación real de los servicios prestados”.
Contratos sin firmar, fechas imposibles y facturas emitidas un año después
El documento también revela anomalías temporales: facturas emitidas entre marzo y junio de 2020 que supuestamente correspondían a trabajos de meses anteriores… e incluso a abril de 2020, aunque se emitieron más de un año después.
A esto se suma que cuatro contratos entre Acciona y Servinabar aparecían:
– tres sin firma,
– y uno firmado en agosto de 2020, todos ellos basados en descripciones tan genéricas que resultaban legalmente inservibles para auditar nada.
La conclusión de los agentes es contundente:
no se puede saber qué servicios se prestaron realmente, si se prestaron o si fueron simplemente una cobertura artificial.
El bombazo: un contrato con un 70% de beneficio
El caso más llamativo es el contrato de Sant Feliu de Llobregat, valorado en 1.035.199,88 euros y relativo al “seguimiento y vigilancia del Plan de Seguridad y Salud”.
En la sede de Servinabar, la UCO incautó una hoja Excel que revelaba el beneficio real de la operación:
724.639,92 euros, es decir, un 70% del total del contrato.
Un margen absolutamente inusual para trabajos auxiliares y que, en la práctica, convierte la operación en un negocio extraordinario para la empresa participada por Cerdán.
¿A quién beneficiaba realmente el engranaje?
El informe recuerda que Servinabar estaba repartida así:
– 51% Antxón Alonso
– 45% Santos Cerdán
– 4% un socio no identificado
Y que la empresa funcionaba como proveedor recurrente para proyectos de Acciona, generando un flujo millonario con muy poca trazabilidad.
La UCO subraya además la existencia de documentos internos que apuntan a control directo sobre los beneficios y seguimiento del dinero.
Es decir, no se trataba de un error administrativo: era un modo de operar.
Una madeja que vuelve a tensar al PSOE
A medida que avanzan las investigaciones, el caso Servinabar se ha convertido en una nueva grieta para el PSOE, especialmente en un momento en el que el partido ya afronta otros escándalos por presuntas comisiones, intermediarios y adjudicaciones amañadas.
El informe de la UCO no cierra el caso, pero sí lo acota y endurece, acercándolo a un escenario de responsabilidades políticas… y quién sabe si judiciales.
