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Un macroparque eólico de 890 hectáreas se ultima en Aragón con el apoyo del PP de Azcón

El Clúster del Maestrazgo se ha situado en el centro de una de las mayores controversias energéticas y medioambientales recientes en Aragón. Este ambicioso macroproyecto eólico, promovido por la empresa Forestalia y respaldado por el Gobierno autonómico presidido por Jorge Azcón (PP), genera una creciente oposición social debido a su elevado impacto territorial, posibles irregularidades administrativas y una tramitación ambiental duramente cuestionada por expertos y colectivos ciudadanos.

El mayor proyecto eólico de España en un entorno de alto valor natural

El Clúster del Maestrazgo está concebido como el mayor parque eólico del país. El plan contempla la instalación de 125 aerogeneradores, más de 170 kilómetros de líneas eléctricas de alta tensión y alrededor de 174 kilómetros de nuevos caminos y viales. Todo ello se proyecta sobre una extensa área de alto valor ecológico, con amplias superficies incluidas en la Red Natura 2000 y otros espacios catalogados como de especial protección ambiental.

La magnitud de la intervención ha encendido las alarmas entre organizaciones ecologistas y vecinos de la zona, que advierten de una transformación profunda e irreversible del paisaje y de los ecosistemas del Maestrazgo turolense.

Apoyo político y sospechas de puertas giratorias

Aunque el proyecto se presenta oficialmente como una pieza estratégica para avanzar en la transición energética, su desarrollo ha contado con un respaldo político amplio que ha despertado suspicacias. Forestalia, empresa promotora del macroparque eólico, ha mantenido en los últimos años una estrecha relación con diferentes ámbitos institucionales y ha incorporado a exresponsables políticos a su estructura directiva, lo que ha sido señalado como un ejemplo de puertas giratorias entre el sector público y el privado.

Una Declaración de Impacto Ambiental bajo cuestionamiento

Uno de los principales focos de conflicto gira en torno a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Este informe autorizó la instalación de numerosos aerogeneradores dentro de espacios protegidos, así como la construcción de infraestructuras eléctricas y viarias en zonas consideradas sensibles por el propio ministerio.

Además, la evaluación ambiental habría pasado por alto informes técnicos muy desfavorables elaborados tanto por el Departamento de Medio Natural del Gobierno de Aragón como por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), lo que ha incrementado las críticas sobre la solidez y transparencia del procedimiento.

Denuncias por posibles irregularidades administrativas

Diversas plataformas ciudadanas y colectivos ecologistas sostienen que la evaluación ambiental no fue realizada íntegramente por personal funcionario del MITECO, sino que habría sido externalizada a la empresa pública TRAGSA, una práctica que, de confirmarse, podría constituir una irregularidad administrativa grave.

Estas denuncias se ven reforzadas por informaciones que apuntan a que varias autorizaciones ambientales vinculadas a proyectos de Forestalia estarían siendo analizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, lo que añade una dimensión judicial al conflicto.

Peticiones de moratoria y revisión del proyecto

La polémica ha trascendido el ámbito social y ha llegado tanto al terreno político como al judicial. Partidos, organizaciones y plataformas vecinales reclaman una moratoria inmediata del Clúster del Maestrazgo y una revisión exhaustiva de toda su tramitación administrativa. Consideran que el proyecto prioriza los intereses económicos de grandes empresas y fondos de inversión frente a la protección del territorio, la biodiversidad y el futuro socioeconómico de las comarcas afectadas.

Desde el Ejecutivo aragonés se defiende el macroparque eólico como un proyecto estratégico para cumplir los objetivos climáticos y de descarbonización. Sin embargo, para sus detractores, el Clúster del Maestrazgo no representa una transición energética justa, sino un modelo intensivo y depredador que amenaza con alterar de forma permanente los montes y paisajes del Maestrazgo.

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