Vicente Magro asegura que lo que está ocurriendo en España con la okupación “no lo entiende nadie en Europa ni en Latinoamérica”
España afronta en los últimos años un notable aumento en los casos de okupación ilegal de viviendas, “un fenómeno que genera gran preocupación entre propietarios”, como señala Idealista. El Sanchismo, los podemitas y Tele Pedro lo siguen negando; el patriarca ‘sugar daddy’ Javier Ruiz, también. Y hace gala de ello en RTVE.
La lentitud de los procesos judiciales y la dificultad para recuperar inmuebles han puesto en el centro del debate la necesidad de reformas legales… Soluciones equilibradas entre el derecho a la vivienda y la protección de la propiedad privada.
Sobre ello ha hablado Vicente Magro, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, durante el Congreso Nacional de Vivienda. Ha asegurado que lo que está ocurriendo en España con el tema de la ocupación ilegal “no lo entiende nadie en Europa ni en Latinoamérica”.
Medidas clave
Por ello, durante su intervención ha resaltado las 10 medidas claves para poner fin a la okupación.
- Elaborar una nueva Ley Orgánica de Vivienda: “Tenemos que desarrollar una nueva legislación que resuelva todos los problemas ocasionados por la Ley de Vivienda, porque los propietarios tienen miedo a arrendar y los inversores tienen miedo a comprar”
- Aprobar el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Con esto queremos conseguir la expulsión inmediata de los okupas por juez de guardia, ni tan siquiera por el juez de instrucción. Cuando te roban el coche y lo recuperan te lo devuelven de inmediato. Sin embargo, con la vivienda no, te la pueden estar ocupando más de un año”.
- Calificar la inquiokupación como un delito penal: “Hay arrendatarios que elaboran un contrato de alquiler falso cuando se acaba su periodo. Esto te lleva a un proceso de desahucio, donde alegarán vulnerabilidad, y hasta que la administración no le realoje, seguirán estando. Esto es un delito de estafa, lo muestra el artículo 250.1 del Código Penal”.
- Permanecer en el inmueble tras finalizar un periodo de alquiler vacacional también es un delito de estafa: “A sabiendas que el arrendatario no se va a ir una vez finalizado el contrato de alquiler temporal, esto también deber ser recogido en el mismo artículo (250.1 del Código Penal)”.
- La vulnerabilidad no puede ser argumento para suspender un lanzamiento de desahucio. “Hay vulnerabilidad moral y económica de los propietarios, no de los okupas. Estos tienen que pagar luz, agua, IBI, hipoteca y demás”.
- Reformar el artículo 9 de la Ley de Vivienda: “Según este artículo, todos los ciudadanos tienen el deber de respetar la vivienda ajena, pero no incluye ninguna consecuencia. Es la primera vez que un artículo que establece un deber no incluye una consecuencia jurídica ante el incumplimiento. Yo añadiría: en caso de que no respete la propiedad ajena serán expulsados en 24 horas”.
- Poner en marcha el registro de impagos de morosos del alquiler: “En 2013 se conformó la comisión que iba a desarrollar este registro, del que yo mismo iba a ser el presidente. Más de 12 años después, todavía no hemos hecho ninguna reunión y nos dicen que no se puede hacer porque si no la gente no va a poder alquilar”.
- Tipificar como estafa procesal la aportación de contratos falsos de alquiler.
- Regular el término flagrancia: “La Policía debe saber exactamente qué es flagrancia para poder desalojar en 24 horas. Tienen miedo de actuar y llegar a perder su trabajo”.
- Legitimación de las comunidades de propietarios: “Deben poder ejercer acciones penales en materia de okupas y tener potestad”.
Vivienda social y administración pública
En una entrevista en Idealista, el magistrado del Tribunal Supremo ya reivindicó que la necesidad de tener una vivienda no puede ser una razón o excusa para su okupación de manera ilegal la de otro ciudadano: “La responsabilidad de la vivienda social es de la administración pública”.
Además, Magro ha asegurado durante el Congreso que este problema de la okupación está llevando a los propietarios a cometer delitos también: “La lentitud judicial y la demora para recuperar sus casas está provocando que los dueños paguen a los okupas para que abandonen sus inmuebles. Esto es también un delito”.
“La okupación es muy rentable actualmente. Usurpas una vivienda y si no te pagan te quedas más de un año en ella. Se están creando grupos criminales porque hay incentivos legales para la okupación”, ha concluido el magistrado del Tribunal Supremo.
