Un informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias lo ha desvelado
Un reciente informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias ha revelado graves irregularidades en la contratación de material sanitario durante la pandemia, bajo el mandato del entonces presidente autonómico Ángel Víctor Torres (PSOE), actual ministro de Memoria Democrática.
El documento, adelantado por The Objective, analiza la gestión de los contratos de emergencia del Servicio Canario de la Salud (SCS) y expone un escenario marcado por adjudicaciones millonarias a empresas sin experiencia en el sector, controles deficientes y un procedimiento administrativo que, según los auditores, rozó la ilegalidad.
Empresas sin experiencia sanitaria recibieron más de 34 millones de euros
El informe detalla que cerca de un tercio del importe total de los principales contratos COVID fue destinado a compañías ajenas al ámbito sanitario. En total, estas adjudicaciones sumaron 34,7 millones de euros, financiados con fondos europeos.
Entre las empresas señaladas destacan Soluciones de Gestión, Injoo, RR7 United, Damco Trading Services y ACJ. Cuatro de ellas están implicadas en investigaciones judiciales en curso, mientras que los responsables de ACJ comparecieron ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias.
Tres de estas firmas —Soluciones de Gestión, Injoo y RR7 United— ni siquiera figuraban en el Registro Oficial de Licitadores, requisito imprescindible para poder contratar con la Administración pública.
Falta de controles y riesgo de material sanitario defectuoso
La Audiencia de Cuentas advierte que estas empresas no demostraron solvencia técnica ni profesional, tal como exige la Ley de Contratos del Sector Público incluso en contextos de emergencia.
El organismo fiscalizador subraya que la ausencia de controles adecuados elevó el riesgo de adquirir material sanitario de baja calidad, y apunta que en algunos casos podrían existir causas de nulidad administrativa.
La urgencia no justificaba la falta de garantías
Aunque el informe reconoce la situación de colapso sanitario provocada por el COVID-19, aclara que la legislación excepcional aprobada en marzo de 2020 no eximía al Gobierno de Canarias de verificar la idoneidad de las empresas contratistas ni de rendir cuentas.
“La tramitación de emergencia no debía suponer el debilitamiento de las garantías esenciales de la contratación pública”, sostiene el documento.
Un “grupo de trabajo informal” sustituyó al comité de emergencias oficial
Otro de los puntos más críticos del informe es el desorden interno que caracterizó la gestión del Ejecutivo autonómico. En lugar de activar el comité de emergencias previsto por decreto, el Gobierno canario creó un grupo de trabajo informal sin respaldo legal, que asumió la tramitación de los contratos más importantes del SCS.
Esta estructura paralela, según la Audiencia, redujo la transparencia y debilitó los mecanismos de control interno.
Casos ejemplares: RR7 United y Soluciones de Gestión
El caso de RR7 United ilustra los fallos detectados: el contrato fue rescindido, se exigió la devolución de los anticipos y se inició un procedimiento judicial para recuperar el dinero público.
Por su parte, Soluciones de Gestión e Injoo concentraron más del 23 % de la facturación total sin acreditar experiencia ni solvencia en el suministro de material médico.
Damco Trading Services y ACJ completan la lista de empresas adjudicatarias con operaciones que superaron los límites de autorización sin el visto bueno del Gobierno autonómico.
Conclusión: urgencia sin control ni eficiencia
La Audiencia de Cuentas de Canarias concluye que, aunque la pandemia representó un contexto extraordinario, el Gobierno de Ángel Víctor Torres no logró compatibilizar la urgencia con la legalidad y la eficiencia que exige la ley.
El resultado, según el informe, fue una gestión precipitada y opaca, que abrió la puerta a intermediarios sin capacidad real y comprometió la transparencia en el gasto público.
