Declaró por videoconferencia en la causa abierta contra el líder de SALF por presuntos delitos de revelación de secretos o vulneración de la intimidad
Una de las hijas del presidente Sánchez, declaró este lunes durante unos minutos por videoconferencia en calidad de «testigo-perjudicada» en el proceso judicial abierto contra el eurodiputado Alvise Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), por difundir en su canal de Telegram una fotografía de ella sin consentimiento.
Pérez está bajo investigación por la posible comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos o de vulneración del derecho a la intimidad. La hija del presidente compareció por videoconferencia a las 10:30 horas, según comunicaron a ABC fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Primero se difundió sin filtro, y luego tapó la cara con un emoticono
En noviembre de 2023, Alvise publicó en su canal de Telegram —326.000 suscriptores— una imagen de la hija de Sánchez con la intención de criticar al presidente, lo que provocó su difusión en otras plataformas sociales, “habiendo dado lugar su viralización a comentarios de los lectores de carácter sexual y vejatorios”, advirtió el fiscal.
En la fotografía difundida por Alvise en Telegram aparecía visible el rostro de la hija de Sánchez. Posteriormente, a los tres minutos, la imagen se sustituyó por una versión modificada, en la que el rostro estaba cubierto con un emoticono.
La publicación incluía el siguiente mensaje: “A.S.G., hija de Pedro Sánchez, estudia en un centro privado en Inglaterra, y la traen un par de veces al mes en un vuelo privado. Socialistas pero van a centros extranjeros de 40.000 euros al año, viajes de avión incluidos mientras a nosotros nos los quieren prohibir. La hija no tiene la culpa de la hipocresía de su padre el tirano, pero es prueba de ello, y España debe saberlo”.
Se reabrió la causa
La juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla decidió ampliar la instrucción del caso hasta el 23 de noviembre. Este procedimiento se originó a partir de una denuncia presentada por el fiscal jefe de Sevilla.
En septiembre de 2024, la Audiencia Provincial de Sevilla detectó indicios de un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos o de intromisión ilegítima en la intimidad por parte del eurodiputado.
Por todo ello, la Audiencia instó a la magistrada a reabrir la causa, que había sido archivada en mayo de 2024 sin llevar a cabo ninguna diligencia, decisión que fue recurrida por la Fiscalía.
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