El periodista deberá declarar el 7 de abril como investigado por la querella de la exministra y presidenta de Red Eléctrica
El periodista buscó a Corredor tras el gran apagón. Una juez de instrucción de Madrid ha citado a declarar como imputado al periodista, Vito Quiles, el próximo 7 de abril, después de que Beatriz Corredor, exministra y actual presidenta de Red Eléctrica (Redeia), presentara una querella contra él por presuntos delitos contra la intimidad.
La magistrada investiga al activista por presuntamente difundir en redes sociales la dirección del domicilio de Corredor y fotografías del mismo, hechos que ocurrieron días después del apagón eléctrico nacional del 28 de abril de 2025, cuando Quiles cuestionó públicamente la gestión de la exministra de Sánchez y sueldo.
‘La presidenta de Red Eléctrica, colocada a dedo por Sánchez, desempeñó una gestión criminal que se llevó a 6 personas por delante’
Quiles reaccionó a la imputación con el siguiente mensaje en X: «La presidenta de Red Eléctrica, exministra colocada a dedo por Pedro Sánchez, desempeñó una gestión criminal que se llevó a 6 personas por delante, destrozando vidas y familias. Lo mínimo que alguien puede hacer es buscarla para preguntarle. Demasiado bien actué».
También le recordó a Sarah Santaolalla, que se hizo eco de la imputación, que es «una enchufada sin formación ni preparación alguna más que ser la novia del presentador» y que «ser denunciado no tiene validez legal alguna».
La defensa del periodista solicitó que las diligencias se archiven antes de que Vito Quiles declare, aunque el juzgado mantiene abierta la investigación.
Querella presentada tras publicación en redes sociales
Según la querella de la socialista contra el periodista, esa publicación vulneró su derecho a la intimidad personal y familiar reconocido en la Constitución, ya que el dato pertenece a su esfera privada y tiene incidencia directa en su seguridad.
Beatriz Corredor, indica OK Diario, denunció que la conducta de Quiles no se encuentra amparada por la libertad de expresión, carece de relevancia periodística y persigue fines espurios, lo que puso en riesgo su intimidad y la de su familia.
Redeia aportó documentación que incluye reacciones en redes a la publicación, como comentarios que llamaban a escraches o amenazas contra la vivienda. El caso se centra en si la difusión de esos datos privados supera los límites de la información pública y afecta derechos fundamentales de la afectada.
