Qué propone Vox exactamente
El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón ha registrado una iniciativa para que la Cámara autonómica reclame un análisis completo del gasto directo e indirecto destinado a la inmigración ilegal en la comunidad. La propuesta incluye a la Administración autonómica, organismos autónomos y entidades de derecho público. Según explicó su portavoz, Alejandro Nolasco, el examen debería realizarse a través de la Cámara de Cuentas de Aragón y, si fuera necesario, del Tribunal de Cuentas.
“Los aragoneses pagamos impuestos y merecemos saber a qué se dedica cada euro”, subrayó Nolasco.
El marco legal: la Cámara de Cuentas
La Cámara de Cuentas de Aragón es el órgano encargado de la fiscalización externa de la gestión económico-financiera, contable y operativa del sector público autonómico, tal y como establece el Estatuto de Autonomía. Si las Cortes así lo solicitan, puede programar fiscalizaciones específicas y hacer público cada informe.
Las críticas de Nolasco
El portavoz de Vox ha denunciado la “opacidad” de PP y PSOE y ha exigido que se detallen los gastos en sanidad, educación, justicia y ayudas sociales vinculadas a inmigrantes ilegales. También reclamó explicaciones sobre supuestos alojamientos en “hoteles de lujo” y sobre la financiación de determinadas ONG.
“Si tan convencidos están de que los inmigrantes ilegales vienen a pagarnos las pensiones, no tendrán inconveniente en que la Cámara de Cuentas fiscalice cada céntimo”, lanzó Nolasco.
Un debate que se repite
Vox ya ha planteado iniciativas similares en otras comunidades y mantiene la presión política en Aragón. Para el partido, la fiscalización es necesaria en un contexto de creciente gasto social y dificultades para los jóvenes que buscan vivienda.
Qué podría revelar la auditoría
Un informe de este tipo podría arrojar luz sobre:
- Gasto directo: asistencia sanitaria, escolarización, ayudas de emergencia, tutela de menores no acompañados.
- Gasto indirecto: refuerzos de personal, convenios con ONG, costes judiciales o de seguridad.
- Eficiencia: análisis coste-resultado de programas de integración e inserción laboral.
El gran reto técnico será delimitar las partidas y cuantificar los gastos indirectos, que no siempre se reflejan de forma clara en los presupuestos.
Reacciones previsibles
- PP podría aceptar una fiscalización limitada, apelando a la competencia estatal en materia migratoria.
- PSOE y la izquierda probablemente acusarán a Vox de estigmatizar el gasto social.
- ONG y entidades sociales defenderán separar la inmigración irregular de la protección a menores y recordarán los retornos económicos derivados del consumo y las cotizaciones.
Claves para el lector
- Quién decide: las Cortes de Aragón pueden instar a la Cámara de Cuentas a iniciar esta fiscalización.
- Cuándo habría resultados: el proceso puede tardar meses, entre recopilación, comprobaciones y publicación oficial.
- Qué efectos tiene: los informes no son vinculantes, pero condicionan futuras partidas presupuestarias y controles parlamentarios.
