El partido, que ya denunció en solitario la situación hace un año, reclama al actual equipo de gobierno medidas urgentes para frenar el colapso de los servicios públicos y restaurar la legalidad institucional
El grupo municipal de VOX en Sant Cugat ha exigido este martes al equipo de gobierno local que actúe de forma inmediata y contundente para depurar responsabilidades políticas y administrativas tras la confirmación oficial de uno de los mayores escándalos de empadronamientos irregulares conocidos en el municipio. La revelación tuvo lugar durante el Pleno municipal del mes de julio, cuando el propio teniente de alcaldía de Relaciones Institucionales, Buen Gobierno y Ciudad Digital, Jordi Puigneró, reconoció la existencia de cerca de 600 altas fraudulentas en el padrón realizadas en la sede de Casa Mònaco bajo el anterior mandato del gobierno tripartito.
Esta revelación valida punto por punto las denuncias públicas realizadas por VOX hace exactamente un año, cuando el grupo municipal encabezado por Marcos Rodríguez alertó en solitario sobre graves irregularidades en la gestión del padrón y presentó los primeros indicios de un uso fraudulento del sistema de empadronamiento para fines que poco o nada tienen que ver con el interés general o la legalidad vigente.
Durante su intervención en el Pleno, Puigneró no solo reconoció el desastre en la tramitación del padrón, sino que también señaló directamente a la formación de la CUP, responsabilizando a Lourdes Llorente y Marco Simarro, antiguos responsables municipales, de haber incurrido en una “mala praxis” institucional, al no tramitar miles de bajas obligatorias y permitir el empadronamiento sin control de cientos de personas que no cumplían los requisitos mínimos exigidos por ley.
“No basta con reconocerlo un año después. Exigimos responsabilidades ya”
Ante la gravedad de los hechos y la admisión pública del actual ejecutivo, el portavoz de VOX, Marcos Rodríguez, ha declarado:
“El gobierno ha acabado reconociendo lo que VOX denunció e hizo público en solitario hace un año: que había más de 500 empadronamientos sospechosos en Casa Mònaco. Ahora no basta con palabras, exigimos responsabilidades y soluciones inmediatas. Ya van tarde y mal”.
Rodríguez ha subrayado que estos empadronamientos fraudulentos no solo suponen una burla al principio de legalidad que debe regir la administración pública, sino que ponen en riesgo directo el acceso equitativo a los servicios municipales, afectando especialmente a los ciudadanos que sí cumplen la ley, tributan y respetan las normas.
“No se puede empadronar a quien ni siquiera puede acreditar que vive en el municipio. Es una tomadura de pelo a los vecinos que sí cumplen con la ley y pagan sus impuestos”, afirmó con rotundidad el portavoz de VOX.
Fraude institucionalizado, colapso de los servicios públicos y efecto llamada
Desde VOX se advierte de los efectos a medio y largo plazo de permitir —e incluso institucionalizar— estas prácticas. La utilización del padrón municipal como herramienta de clientelismo político no solo pervierte la función pública, sino que también genera un efecto llamada, alentando a personas sin arraigo a empadronarse de forma fraudulenta para acceder a ayudas, servicios y prestaciones diseñadas para los vecinos con residencia legal y efectiva.
Esta presión injusta y creciente provoca el colapso de servicios esenciales como la atención primaria, las escuelas, el acceso a vivienda social y los programas de asistencia municipal. Todo ello a costa de los contribuyentes locales, que ven cómo sus recursos son desviados hacia quienes ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos de residencia o arraigo.
VOX insiste en que es urgente endurecer los criterios de empadronamiento y aplicar controles estrictos para evitar este tipo de situaciones, muchas veces utilizadas como vía para inflar censos electorales, facilitar regularizaciones encubiertas o incrementar artificialmente la demanda de ciertos servicios públicos con fines ideológicos.
Una campaña nacional contra el fraude del padrón
Esta denuncia no es un hecho aislado. VOX recuerda que forma parte de su campaña nacional para combatir el empadronamiento ilegal en España, una práctica extendida en muchos municipios donde miles de personas figuran empadronadas en condiciones completamente irregulares, incluyendo domicilios inexistentes, edificios públicos, solares vacíos o incluso vehículos abandonados.
Con esta campaña, el partido pretende acabar con un fenómeno que erosiona la confianza en las instituciones, distorsiona la planificación de recursos y debilita el Estado de derecho.
VOX exige, además, que se revisen uno a uno todos los empadronamientos realizados en Casa Mònaco durante el periodo señalado, se anulen aquellos que no cumplan los requisitos legales, y se abra una investigación formal que derive en responsabilidades políticas y penales si se confirma la existencia de delito.
VOX, única oposición firme frente al caos institucional?
Con este nuevo caso, VOX demuestra una vez más que es la única fuerza política dispuesta a señalar sin miedo la dejadez, la incompetencia y el fraude institucionalizado, actuando en defensa de los ciudadanos de bien que cumplen con la ley y exigen justicia.
Lo que otros ocultaron, minimizaron o ignoraron, VOX lo denunció con firmeza y en solitario. Hoy los hechos han dado la razón al partido. Pero las palabras ya no bastan. Es hora de actuar, depurar responsabilidades y devolver la dignidad institucional a Sant Cugat.
