La polémica vuelve a rodear a la Xarxa Audiovisual Local (XAL), el ente público de comunicación audiovisual dependiente de la Diputación de Barcelona, tras la designación de Mireia Ingla, exalcaldesa de Sant Cugat del Vallès por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), como nueva presidenta de la corporación. El nombramiento fue aprobado este jueves 24 de julio en una Junta General Extraordinaria del organismo, con el voto favorable del bloque de gobierno de la Diputación y la abstención del Partido Popular. VOX fue la única formación que se posicionó en contra.
El diputado provincial de VOX, Jordi de la Fuente, denunció en su intervención el uso de la XAL como “una herramienta ideológica al servicio del separatismo catalán” y criticó que el nombramiento de Ingla responde a una lógica “clientelar” más que a criterios de servicio público. Ingla percibirá un salario superior a los 95.000 euros anuales, según fuentes de la Diputación, en una cadena que apenas alcanza el 1,1% de audiencia en Cataluña y cuyo presupuesto supera los 28 millones de euros anuales.
Críticas al modelo de televisión pública catalana
“La XAL es una televisión irrelevante que, sin embargo, se mantiene con dinero de todos los contribuyentes catalanes. Lejos de cumplir una función informativa o cultural real, se ha convertido en un instrumento para alimentar el relato independentista y colocar afines del régimen separatista”, afirmó De la Fuente ante los medios tras la votación.
Uno de los puntos más controvertidos destacados por VOX es la contratación de la periodista Marcela Topor, esposa del expresidente de la Generalitat y actual eurodiputado fugado Carles Puigdemont. Topor dirige y presenta un programa semanal de entrevistas en inglés, cuya producción cuesta más de 10.500 euros al mes, a pesar de tener una audiencia marginal. “Es inadmisible que, en plena crisis económica, se destinen fondos públicos a un programa de apenas una hora a la semana, sin impacto real, pero con altos costes”, añadió De la Fuente.
El PP se abstiene y Junts critica desde la periferia
Además del nombramiento, VOX ha querido poner el foco en la postura del Partido Popular, que optó por abstenerse, permitiendo que el nombramiento saliera adelante. “Una vez más, el PP decide ponerse de perfil, incapaz de plantar cara al consenso progre que mantiene el statu quo del despilfarro institucional”, lamentó el diputado de VOX, asegurando que la única oposición clara al “sistema clientelar y separatista” en Cataluña la representa su partido.
Por su parte, Junts per Catalunya también manifestó su disconformidad con la elección de Ingla, aunque por razones bien distintas: su malestar deriva del hecho de que no se haya nombrado a una persona próxima a su formación. Para VOX, este tipo de reacciones confirma que la XAL no responde a criterios de meritocracia o eficiencia, sino a “luchas internas entre facciones del separatismo por el control de estructuras públicas con presupuesto generoso y escasa fiscalización”.
VOX pide el cierre de la XAL y la reforma del sistema de medios públicos
Desde VOX han insistido en que el modelo de medios públicos en Cataluña debe ser reformado a fondo. “La XAL es un ejemplo más de cómo se utilizan los recursos públicos para mantener una red paralela de comunicación al margen de los intereses generales. No aporta pluralidad, ni servicio público, ni eficiencia. Solo alimenta el relato separatista”, ha sentenciado De la Fuente.
La formación liderada por Santiago Abascal propone el cierre inmediato de organismos públicos “que operan como agencias de colocación del separatismo y del socialismo” y reclama una gestión austera y racional de los recursos públicos. En su lugar, VOX apuesta por una administración que priorice servicios esenciales y evite duplicidades institucionales que, en su opinión, no hacen sino alimentar el aparato propagandístico del independentismo.
El caso de la XAL, según VOX, simboliza los males estructurales que afectan a la gestión pública en Cataluña: exceso de estructuras públicas, falta de controles efectivos, sueldos elevados para cargos de confianza, y un enfoque ideológico que aleja estas instituciones de su función original. La denuncia se enmarca en la estrategia del partido por visibilizar lo que consideran un “consenso silencioso” entre el socialismo, el separatismo y parte de la derecha “acomplejada” que no cuestiona los privilegios del sistema autonómico actual.
