La formación ha denunciado que la libertad de expresión se encuentra hoy «gravemente amenazada»
VOX ha presentado una proposición no de ley de forma simultánea en el Congreso de los Diputados, el Senado y los parlamentos autonómicos con el objetivo de frenar la ofensiva contra la libertad de expresión impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y alineada con las directrices ideológicas de Bruselas.
La formación denuncia que la libertad de expresión, pilar esencial de toda sociedad libre y democrática, se encuentra hoy “gravemente amenazada por una arquitectura normativa y política que pretende someter el discurso público al control administrativo y al criterio ideológico del poder”. No se trata únicamente de un derecho individual, sino de un presupuesto indispensable para la participación política, el control del poder y la existencia misma de una ciudadanía crítica y responsable.
La Constitución Española reconoce este derecho como fundamental en su artículo 20, garantizando la libre manifestación de ideas y opiniones, la libertad de información, la libertad de cátedra y la libertad de creación, y prohibiendo expresamente cualquier forma de censura previa. Sin embargo, la formación que lidera Santiago Abascal advierte de que en los últimos años se ha producido un cambio de paradigma profundamente preocupante, tanto en España como en el seno de la Unión Europea.
Reglamentos europeos como el de Servicios Digitales, el de Mercados Digitales o el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación han introducido, bajo la coartada de combatir la desinformación, mecanismos de control del discurso público que desplazan el control judicial y lo sustituyen por decisiones administrativas. Estas normas han servido de base para que el Gobierno español pretenda ir aún más lejos, otorgando a autoridades dependientes del poder ejecutivo competencias para supervisar, inspeccionar y sancionar a plataformas digitales y medios de comunicación.
Los diputados firmantes de la iniciativa alertan de que este modelo supone un riesgo gravísimo para el Estado de Derecho: que una autoridad administrativa decida qué es un medio de comunicación, qué contenidos son aceptables, qué se considera desinformación y qué opiniones deben ser expulsadas del espacio público, instaurando en la práctica mecanismos de censura incompatibles con cualquier democracia real.
A esta deriva se suma el uso expansivo y abusivo del llamado “delito de odio”, convertido en un instrumento para perseguir opiniones políticas, ideológicas o culturales legítimas. La libertad de expresión deja de ser la regla para convertirse en una excepción sometida a una definición ideológica y ambigua de lo que el poder considera aceptable, generando inseguridad jurídica y un clima de autocensura incompatible con una democracia madura.
Este mismo concepto ha sido utilizado fuera del ámbito penal por universidades, administraciones públicas y plataformas digitales para cancelar, excluir o silenciar a quienes discrepan del canon ideológico dominante, llegando incluso a impedir actos académicos o debates históricos bajo excusas supuestamente preventivas.
VOX denuncia que esta ofensiva responde al miedo del poder corrupto a todo aquello que no puede controlar. Los europeos asistimos desde hace años a una ola represiva auspiciada desde Bruselas contra la libertad de expresión e información en redes sociales, promovida por un consenso ideológico que ve amenazada su hegemonía.
En España, el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho de la mentira, la corrupción y la perversión los ejes de su acción política. Con la pobreza disparada, los servicios públicos deteriorados, los jóvenes expulsados del acceso a la vivienda y unas calles cada vez más inseguras, el Ejecutivo ya no se conforma con controlar los medios tradicionales mediante subvenciones y publicidad institucional, y avanza ahora hacia la censura directa de las redes sociales.
Especialmente vil resulta el uso de la supuesta protección de los menores como pretexto, cuando el propio Gobierno ha aprobado leyes que benefician a depredadores sexuales, ha introducido adoctrinamiento ideológico en las aulas y ha desprotegido a las familias. La llamada “ofensiva digital” no busca proteger a nadie, sino acallar las críticas a una gestión corrupta y criminal.
La prueba más evidente de esta intención censora han sido las declaraciones de la ministra de Juventud e Infancia, que se ha mostrado partidaria de “limitar y seguramente prohibir” el uso de la red social X, entre los jóvenes y el conjunto de la población por ser supuestamente un espacio en el que se dan “flagrantes vulneraciones de derechos fundamentales”, calificando el espacio digital de “antidemocrático”.
