Los de Santiago Abascal insisten en que un Fiscal General condenado por revelación de secretos es un hecho «gravísimo» y sin precedentes
La purga de García Ortiz debe ser el punto de inflexión para exigir una despolitización real de la Justicia. No basta con que caiga el cabeza de turco; es imperativo que se revise el sistema de nombramiento del Fiscal General para blindarlo frente a las injerencias partidistas. Es el pensamiento de VOX.
Por este motivo, VOX, que en algunos casos ha actuado como acusación popular en el proceso, ha utilizado la condena para reclamar el fin de lo que denominan la «colonización y la corrupción de las instituciones» por parte del Gobierno.
Los de Santiago Abascal insisten en que un Fiscal General condenado por revelación de secretos es un hecho «gravísimo» y sin precedentes. Esto justifica la necesidad de un cambio radical en la forma en que se realizan los nombramientos.
VOX ya había presionado para que, si García Ortiz no dimite, sea cesado inmediatamente por el Consejo de Ministros.
Un hecho insólito en democracia
La condena al Fiscal General del Estado (FGE) es un evento de gran calado institucional, un hecho insólito en democracia. También ha reaccionado el PP.
Exige la dimisión inmediata no solo de García Ortiz, sino también de Pedro Sánchez y del Ministro de Justicia. Argumentan que Sánchez es el «culpable» por haberlo nombrado y mantenido en el cargo a pesar de los cuestionamientos y el proceso judicial.
La Fiscalía, de quién depende
La condena es vista como la prueba definitiva de que el Gobierno ha utilizado la Fiscalía como herramienta política para proteger a los suyos y atacar a sus rivales políticos.
Los populares han presentado el fallo del Supremo como una «victoria de la Justicia y del Estado de Derecho» frente a los intentos del Ejecutivo de instrumentalizar las instituciones.
