El Ayuntamiento de Compromís y el PSOE firmó el contrato con Indra tres meses antes de las elecciones municipales que perdieron y acordaron pagar sus servicios sin esperar resultados
La ‘inocentada’ de abonar de 9 millones por una una «plataforma digital de movilidad multimodal y multiciudad» que nunca se desarrolló. Durante el último mandato de Joan Ribó (Compromís) y sus socios del PSPV-PSOE el Ayuntamiento de Valencia firmó el contrato con Indra en enero de 2023, tres meses antes de las elecciones municipales en las que fue derrotado.
El actual consistorio encabezado por la popular, María José Catalá, reclama cerca de 9 millones de euros a la empresa Indra por una aplicación de movilidad multimodal que no existe ni se entregará. El equipo municipal PP-VOX defiende que el dinero público es sagrado y reclama hasta las últimas consecuencias judiciales para recuperar los fondos invertidos en esta plataforma que nunca vio la luz.
Responsabilidades y contexto político
La iniciativa, enmarcada en el programa Ciudades Conectadas, pretendía integrar servicios de bus, metro, parking y bicicletas municipales entre seis ciudades (Valencia, Gijón, Vitoria, Fuenlabrada, Logroño y Valladolid), con un coste total superior a 27 millones de euros financiados en parte por fondos europeos y un reparto según población donde Valencia asumía cerca de 14 millones.
Giuseppe Grezzi, quien gestionó la EMT durante el mandato de Compromís y PSOE, niega responsabilidad y asegura que controlaron el trabajo de Indra, mientras descarga la culpa en el actual gobierno del PP por los abonos posteriores. Según explica El Debate, entre Compromís y PSOE convinieron abonar mensualmente los servicios sin esperar resultados, según fuentes del Ayuntamiento, y este caso se suma a incidentes previos como la estafa de 4 millones de euros por fraude del CEO que afectó a la EMT.
Incumplimientos que cuestan millones
Indra no cumplió los dos hitos contractuales principales, por lo que la EMT aprobó penalizar a la empresa con 1 millón de euros y decidió llevar el caso a los tribunales para recuperar lo abonado sin resultados, ya que los pagos se realizaron de forma mensual sin esperar avances reales en el desarrollo.
El citado medio resume que, de los 9 millones ya entregados por Valencia, cuatro millones corresponden a cuestiones relativas y controladas en la EMT, pero el resto no presenta novedad alguna, lo que genera un agujero económico significativo en la compañía municipal.
