España no puede esperar más. El sector primario, harto de ser el último eslabón de la cadena y el principal perjudicado por las políticas dictadas desde los despachos acolchados de Bruselas, ha dicho «basta». Desde este lunes 26 y hasta el próximo viernes 30 de enero, agricultores y ganaderos españoles vuelven a tomar las carreteras en una movilización masiva que promete paralizar los puntos neurálgicos del país. Las organizaciones agrarias mayoritarias —Asaja, COAG y UPA— han sellado una unidad de acción sin fisuras para denunciar lo que consideran una sentencia de muerte para el campo: el brutal recorte del 23% en el presupuesto de la próxima PAC y la amenaza inminente del acuerdo comercial con Mercosur.
El malestar es absoluto. A pesar de la reciente paralización del pacto con los países sudamericanos por parte del Parlamento Europeo, los profesionales del sector no bajan la guardia. Saben perfectamente que las élites globalistas solo han dado un paso atrás para coger impulso. Las tractoradas afectarán a más de 25 provincias, con especial incidencia en puntos clave como Valencia, Cádiz, Málaga, Zamora y Valladolid. En Madrid, el corazón administrativo de la nación, se prevé un «cocido reivindicativo» en plena Puerta del Sol, un acto cargado de simbolismo para recordar a los políticos que sin campo no hay comida, y sin comida no hay país.
CONTEXTO ECONÓMICO
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El epicentro de esta «semana caliente» será el bautizado como «súper jueves» 29 de enero. Ese día, las calles de las principales capitales de provincia se verán inundadas por miles de tractores en lo que pretende ser la mayor demostración de fuerza del sector en años. Cristóbal Cano, secretario general de UPA, ha sido tajante: «La reducción del presupuesto de la PAC es inasumible para miles de explotaciones familiares. No podemos competir en un mercado globalizado donde se permite la entrada de productos de terceros países que no cumplen ni la mitad de las exigencias sanitarias y laborales que se nos imponen a nosotros».
» Bruselas legisla de espaldas a la tierra, imponiendo una burocracia asfixiante mientras abre las puertas de par en par a productos de Camboya o Mercosur que revientan nuestros precios.»
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Las reivindicaciones van mucho más allá de una simple cuestión de subvenciones. El campo exige dignidad y respeto. El recorte del 23% del presupuesto previsto en la reforma de la Política Agraria Común supone un hachazo directo a la rentabilidad de las explotaciones más vulnerables. A esto se suma el rechazo frontal a los acuerdos comerciales que permiten la competencia desleal. Países como Camboya o Myanmar introducen sus productos en Europa sin los controles rigurosos que asfixian a nuestros agricultores, generando una desventaja competitiva injustificable.
Además, las organizaciones agrarias exigen el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria. No es de recibo que se siga permitiendo la venta a pérdidas mientras los costes de producción se disparan. Mientras el Gobierno se pierde en luchas internas y concesiones a los separatistas, el sector que de verdad produce riqueza y fija población en la España olvidada sangra por los cuatro costados. Como ya hemos denunciado en otras ocasiones, la deriva del Ejecutivo de Sánchez está llevando al país hacia un caos ferroviario y social sin precedentes fuera de nuestras fronteras.
POLÍTICA NACIONAL
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Otro de los puntos calientes de las protestas es la exigencia de una Ley de Emergencia por daños de fauna salvaje y la necesaria adaptación de la Reforma Laboral a las campañas agrícolas. El campo tiene sus propios ritmos, unos ritmos que no entienden de ideologías de diseño ni de normativas rígidas pensadas para oficinas urbanas. La fauna salvaje está destrozando cultivos ante la pasividad de una administración que parece más preocupada por el bienestar animal mal entendido que por el sustento de miles de familias rurales.
Es el momento de la verdad. Si el Gobierno de España y las instituciones europeas no reaccionan ante este clamor popular, las consecuencias serán irreversibles. El abandono de nuestras tierras es un lujo que no podemos permitirnos. Las movilizaciones de esta semana son solo el principio de una batalla judicial y civil que el campo español está dispuesto a librar hasta las últimas consecuencias. La soberanía alimentaria de España está en juego, y los agricultores son los últimos guardianes que nos quedan frente a una globalización que devora todo lo que encuentra a su paso.
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Desde La Bandera seguiremos muy de cerca cada una de las tractoradas, informando desde el terreno sobre la valentía de unos hombres y mujeres que, a pesar de todo, se niegan a rendirse. El 29 de enero el país mirará al campo, y esperamos que para entonces, quienes ostentan el poder tengan el coraje de sentarse a negociar con quienes de verdad llenan sus despensas.
