Da la razón al instructor de la AN que planteó ante el Supremo una cuestión de competencia entre su juzgado y la EPPO, que quiere quedarse la causa
La Fiscalía del Supremo pide al alto tribunal que la Audiencia Nacional (AN) se encargue del ‘caso Koldo-PSOE’ de corrupción en adjudicaciones públicas de gobiernos autonómicos y ministerios socialistas, en vez de dejar la causa en manos de la Fiscalía Europea (EPPO).
La Fiscalía se pronuncia así ante el Tribunal Supremo (TS) después de que el instructor de la AN rechazaba ceder el ‘caso Koldo-PSOE’ a la EPPO, que a finales de mayo anunció que asumía la investigación por entender que era de su competencia al perpetrarse los presuntos delitos con fondos europeos de por medio.
El juez planteó ante el Supremo una cuestión de competencia entre su juzgado y la EPPO, y la fiscalía le apoya
El instructor alegó que los delitos que hasta entonces investigaba en su juzgado no perjudicaban los intereses financieros de la UE y tampoco estaban «indisociablemente vinculados con los delitos» competencia de la propia EPPO.
Acto seguido, planteó una cuestión de competencia positiva entre su juzgado y la EPPO ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ahora tendrá que pronunciarse.
El fiscal del Supremo, por su parte, acaba de solicitar al TS que atribuya la competencia de la causa al mencionado Juzgado Central de Instrucción nº2 de la AN, porque «está en mejores condiciones que la EPPO para investigar» los presuntos delitos «de tráfico de influencias, cohecho, organización criminal y blanqueo de capitales que se hubieran podido cometer».
La cuantía de fondos estatales afectados por el ‘caso Koldo-PSOE’ triplica a los fondos europeos
El fiscal precisa que la AN investiga «comportamientos que afectan directa y esencialmente a intereses nacionales, lo que sitúa estas conductas en la órbita del correcto funcionamiento de la Administración española».
Por tanto, el fiscal del Supremo entiende que «debe ser el Juzgado Central de Instrucción el competente para la investigación de todos los contratos«.
El fiscal recuerda que la «principal finalidad» de la Fiscalía Europea es la protección de los intereses financieros de la Unión y la competencia del órgano comunitario «decae cuando la gravedad de los hechos que afectan a los intereses nacionales es superior a la de los intereses financieros de la Unión».
En un escrito al que ha tenido acceso EP, el fiscal subraya que, en los presuntos delitos investigados, «la cuantía de fondos estatales afectados es casi tres veces superior a los fondos europeos”.
La EPPO dejará en el limbo la investigación del ‘caso Koldo-PSOE’
A su juicio, si la EPPO se queda con el procedimiento «tendría efectos negativos sobre la instrucción» y supondría «un retraso en las investigaciones«, porque los fiscales europeos delegados y la unidad de policía judicial designada tendrían que ponerse al día de las diligencias que practicó la AN.
La Fiscalía considera que el hecho de que existan «diferentes fuentes de financiación de los contratos» de mascarillas adjudicados a una presunta trama que pagó comisiones «no debe ser obstáculo» para que todo se investigue en España, más aún cuando «no hay indicios» de daño a los intereses de la UE.
Para el fiscal, el juzgado de instrucción español dirige una investigación «mucho más amplia y compleja y alcanza a delitos del todo ajenos a la competencia que pudiera considerarse directa de la Fiscalía Europea».
Todo ello, matiza, «sin perjuicio» de la competencia de la EPPO sobre «infracciones que afecten de forma directa a los intereses financieros de la Unión Europea».
En ese sentido, la Fiscalía defiende que lo que investiga el la AN está «claramente» diferenciado del contrato que la Fiscalía Europea considera como «el instrumento de una posible malversación o fraude».
