Francisco Martos acusa a la UCO de violar sus derechos fundamentales y exige borrar los correos de la contratación de David Sánchez
Un cargo socialista de la Diputación de Badajoz, Francisco Martos, ha instado a la juez del ‘caso David Sánchez’ a destruir los emails corporativos recabados por la UCO, entre ellos los suyos, en el marco del procedimiento contra el hermano del Presidente del Gobierno.
Se da la circunstancia de que el socialista exige la destrucción de pruebas relativas a la polémica contratación de David Sánchez, en la que él participó, y entre los mails de nueve personas (tres de ellas diputados del PSOE) figuran los del propio Martos.
Martos, diputado del Área de Cultura y Deportes de la Diputación, remitió un escrito al juzgado repitiendo la estrategia del Gobierno ante las investigaciones judiciales que le afectan: denunciar una supuesta investigación “prospectiva» de la Guardia Civil, que los investigadores vulneraron sus derechos fundamentales y que la causa no tiene razón de ser.
Pide destruir pruebas de presuntos delitos que incluyen sus propios mails
La UCO justificó su petición a la titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Badajoz, porque la Diputación, dirigida por el PSOE, podía haber realizado ciertos “actos preparatorios» con el fin de crear una plaza pública a medida para el hermano de Sánchez.
En concreto, la juez ordenó analizar todas las comunicaciones entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2022 (año que se produjo el cambio de denominación del puesto de trabajo de David Sánchez).
Según concreta ‘Vozpópuli’ Francisco Martos fue quien dio el visto bueno al ‘ascenso’ en 2022 de David Sánchez. Por ese motivo, la juez abrió una pieza secreta y separada dentro de las diligencias a la que ha sumado las pruebas requisadas en la Diputación socialista, las cuales Martos exige destruir.
Acusa a la UCO de vulnerar sus derechos y de investigar a David Sánchez por ser hermano del presidente
En el documento al juzgado, Martos arremete contra los investigadores del escándalo por la diligencia consistente en requisa los mails cruzados entre el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, David Sánchez Castejón, tres diputados socialistas y otras tres personas más.
Martos alega que existe “un acervo documental enorme que desvirtúa las fantásticas acusaciones que, aunque han servido para dar inicio y mediático estrépito al procedimiento, jamás han sufrido el menor escrutinio: pese a su nulo fundamento, se asumieron desde el principio como si contuviera una verdadera notitia criminis con valiosos indicios de la existencia de algo sucio respecto al señor David Sánchez, digámoslo ya, por ser hermano del Presidente del Gobierno».
