Los agricultores afean que los traten como delincuentes en inspecciones de trabajo intimidatorias con despliegues policiales desproporcionados
La campaña de recolección de la aceituna en Ciudad Real está llegando a su fin, pero las inspecciones laborales intimidatorias y con dispositivo policial desproporcionado a pie de campo interrumpen estas tareas. Por ello, los olivareros denuncian una creciente persecución, sintiéndose desprotegidos, tratados como delincuentes y sometidos a un escrutinio constante por parte de la Administración.
La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real respalda la realización de controles para evitar irregularidades, aunque critica el modo en que la Inspección de Trabajo los lleva a cabo. Según los agricultores, quienes han trasladado su preocupación a esta organización agraria, el procedimiento de la Inspección genera intimidación debido al elevado número de agentes implicados.
El Gobierno criminaliza al sector
En este escenario, ASAJA Ciudad Real considera que esta metodología sólo tendría justificación en caso de indicios sólidos sobre actividades ilícitas relacionadas con la explotación laboral, pero no en inspecciones rutinarias para verificar el cumplimiento normativo.
ASAJA recalca que esta situación no ocurre en otros sectores y que el despliegue en cada inspección se percibe como una presión desmedida contra el trabajo agrícola y el sector primario. Además, la organización agraria insiste en que existen estrategias más eficaces para prevenir irregularidades, como la implementación de controles administrativos preventivos.
Total insensibilidad del ministerio de Trabajo ante los problemas del campo en Ciudad Real
En un contexto donde encontrar mano de obra para el campo resulta cada vez más complicado y donde los costes salariales se han vuelto inasumibles, el ministerio de Trabajo demuestra una total falta de sensibilidad hacia un sector clave para la región en términos sociales, demográficos y económicos.
ASAJA Ciudad Real subraya la urgencia de aplicar políticas efectivas que solucionen la escasez de trabajadores agrícolas. En este sentido, la organización reclama que el Gobierno permita acceder al mercado laboral a quienes ya se autorizó a a permanecer en el país, pero que, debido a su situación irregular, no pueden firmar un contrato de trabajo.
A su juicio, esta incoherencia está generando un problema grave tanto para la sociedad como para los empleadores, quienes además se penalizan por políticas migratorias ineficaces.
