El caso de Rubén Escudero refleja el drama de miles de familias españolas atrapadas por subidas de alquiler desproporcionadas. Su casero le exige un 65 % más para renovar el contrato, muy por encima de la media de su barrio en Madrid.
El mercado del alquiler en España sigue dejando atrás a buena parte de la población. A pesar de que el Gobierno ha impulsado medidas para frenar los precios abusivos, las subidas continúan siendo un problema estructural en zonas urbanas. Uno de los casos más recientes es el de Rubén Escudero, periodista, casado y con dos hijos pequeños, que tras once años viviendo de alquiler en la calle Sepúlveda (Madrid) se ha encontrado con un ultimátum: pasar de pagar 850 euros a 1.400 euros mensuales o abandonar la vivienda antes del 31 de octubre.
“Me sube el alquiler de 850 a 1.400 euros. Hemos intentado negociar, pero el casero no está dispuesto a ceder ni un euro”, lamenta Escudero.
Un aumento del 65 % muy por encima de la media del barrio
El caso ha generado especial atención porque la subida del alquiler propuesta (65 %) triplica el aumento medio en la zona, según los últimos datos publicados por el portal inmobiliario Idealista. La vivienda se sitúa en una zona limítrofe entre los barrios de Aluche y Lucero, dos áreas tradicionalmente residenciales del suroeste de Madrid.
- En Aluche, el precio medio del metro cuadrado alcanzó los 16,3 euros en junio de 2025, lo que supone un aumento del 19,8 % interanual, su máximo histórico.
- En Lucero, el precio es de 18,5 euros por metro cuadrado, con un aumento del 20,6 % respecto al año anterior, aún por debajo del récord de mayo (19,1 €/m²).
Esto convierte el caso de Escudero en un claro ejemplo de subida especulativa, dado que la variación propuesta por el arrendador supera con creces las dinámicas de mercado documentadas en la zona.
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Un nuevo contrato, pero con trampa
El casero ha ofrecido una única alternativa: aceptar un nuevo contrato a 1.400 euros, pero prorrateado en cinco años, con un periodo obligatorio de tres y penalización si abandonan antes de tiempo. Esto, en la práctica, obliga a la familia a asumir el nuevo precio completo, sin posibilidad real de negociación o margen para adaptarse gradualmente.
“Al final, es lo mismo: pagar más o irnos. No hay margen. Y lo peor es que en el barrio todos los precios están igual o incluso más altos”, señala Escudero.
Comprar tampoco es una solución realista
La situación ha llevado a la familia a plantearse la compra de una vivienda, una opción que, en palabras de Escudero, tampoco resulta viable en la misma zona. Tras semanas de búsqueda, han logrado encontrar una opción en Getafe, un municipio del sur metropolitano. Pero el traslado implica una reorganización total de su vida familiar y laboral.
“Los niños están escolarizados en colegios del barrio. Si nos vamos, tendremos que adaptar horarios, madrugar mucho más, y reorganizar nuestros trabajos para poder recogerlos”, explica.
El drama del alquiler: una realidad cada vez más común
El testimonio de Escudero pone rostro a un problema generalizado: el desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda de vivienda asequible. Mientras los precios de alquiler marcan máximos históricos en muchas ciudades, las alternativas habitacionales escasean, y la falta de regulación efectiva deja a las familias desprotegidas frente a decisiones unilaterales de los propietarios.
Según el último informe de Fotocasa, más del 60 % de los inquilinos ha sufrido subidas de más del 20 % en la renovación del contrato durante el último año. El acceso a la vivienda se ha convertido en un factor de precarización incluso para familias con ingresos estables, como demuestra este caso.
¿Qué mecanismos legales tiene un inquilino ante una subida así?
La Ley de Vivienda aprobada en 2023 introdujo topes al incremento del alquiler en zonas declaradas “tensionadas”, pero estos mecanismos aún no se aplican en todas las ciudades ni para todos los contratos. Además, muchas de estas protecciones solo afectan a grandes tenedores (más de 10 viviendas), lo que deja fuera a la mayoría de propietarios particulares.
En la práctica, si el casero se niega a renovar el contrato en las condiciones actuales y propone nuevas cláusulas, el inquilino solo puede aceptar o abandonar la vivienda, salvo que exista una prórroga legal vigente o un incumplimiento contractual.
Esta información ha sido recogida a partir del reportaje publicado por El Español el 26 de julio de 2025, titulado “Un padre con dos hijos menores, indignado con su casero: ‘Me sube el alquiler de 850 a 1.400 euros o a la calle’” leer aquí.
