En el inmueble municipal, ‘Casa Mònaco’, estaban empadronadas más de 500 personas sin otra residencia conocida
El Ayuntamiento de Sant Cugat dio de baja a más de 4.000 empadronados irregulares del padrón municipal tras identificar múltiples incoherencias en los datos acumulados a lo largo de los últimos años. Así lo comunicó el teniente de alcaldía Jordi Puigneró (Junts), quien responsabilizó al anterior equipo de gobierno de haber aplicado una política permisiva y desorganizada.
Según explicó Puigneró, esta gestión generó un desajuste importante entre el número oficial de empadronados y la población real del municipio (durante el mandato del tripartito municipal, entre 2020 y 2023, apenas se dieron de baja a unas 14 personas, indicó).
Puigneró se encargó de corregir el padrón en año y medio, eliminando miles de registros irregulares. Desde el consistorio se consideró este proceso como una señal de que “se puso orden” tras una etapa de “dejadez administrativa”.
‘Casa Mònaco’: el inmueble municipal con 500 empadronados
Tal y como recoge e-noticies, uno de los puntos más polémicos fue el caso de Casa Mònaco, un inmueble municipal donde llegaron a figurar más de 500 personas empadronadas sin una residencia efectiva conocida.
Aunque algunos casos podían estar justificados, la magnitud era excesiva si se comparaba con otros municipios: “El triple que Sabadell, cuatro veces más que Rubí o Cerdanyola”, apuntó el regidor. Tras la revisión, el número se redujo a unas 400 personas.
La presión de empadronamientos masivos sobre los servicios públicos
El citado medio inscribe estos hechos en la controversia, que llegan a asumir a regañadientes en todo el espectro político, sobre el uso del padrón como herramienta para acceder a servicios sociales en un entorno marcado por una elevada presión migratoria.
En ese sentido, incluso municipios como Gerona, virados a la izquierda, endurecieron recientemente sus criterios de empadronamiento. Además, numerosos ayuntamientos advierten que el empadronamiento sin controles adecuados ejerce aún más presión sobre una Administración y unos servicios públicos ya de por sí colapsados.
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