La mayoría de solicitantes, pakistaníes e Hindúes, acudían al registro en grupo, con traductor y aportando contratos falsos de arrendamiento
El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) ha detectado un nuevo caso masivo de empadronamientos fraudulentos, con 324 extranjeros registrados en apenas 20 días entre finales de julio y el 18 de agosto. El consistorio, gobernado por Junts y ERC, ha abierto una investigación ante la sospecha de que se habrían utilizado contratos de alquiler falsificados para acreditar domicilios inexistentes.
Ante el auge del partido de Silvia Orriols, la conveniente recogida de cable respecto al problema de la inmigración ilegal correspondió al alcalde, Josep Maria Vallès (Junts) en una entrevista para RAC1. El regidor precisó que las alarmas saltaron por varias razones: la cifra inusual de altas en pleno verano, la coincidencia de nacionalidades —India y Pakistán— y un modus operandi repetitivo.
Los solicitantes acudían en grupo, con traductor y siempre presentaban contratos de arrendamiento en viviendas de Sant Cugat. En las primeras inspecciones, todas las solicitudes revisadas resultaron ser falsas. Ante esta situación, el Ayuntamiento congeló los trámites y mantiene en revisión los 324 expedientes.
El pasado julio, 4.000 empadronados falsos en Sant Cugat
A pesar de detectar el empadronamiento falso masivo, desde entonces, se han recibido unas 50 nuevas peticiones similares, que también serán verificadas. Vallès reconoció que se trata de un proceso “lento”, pues requiere comprobar la residencia efectiva y hablar con los propietarios de los inmuebles, pero aseguró que el consistorio resolverá los casos en el plazo legal de tres meses.
La polémica se suma a otra irregularidad detectada en Sant Cugat el pasado julio, cuando el consistorio se vio obligado a dar de baja a más de 4.000 personas del padrón debido a una deficiente gestión en la anterior legislatura, bajo la responsabilidad de la CUP.
El alcalde subrayó que la competencia del Ayuntamiento se limita a verificar la legalidad del padrón, mientras que una eventual investigación penal corresponde a la Policía Nacional. De hecho, las fuerzas de seguridad —locales y estatales— ya han comenzado a trabajar en paralelo, ante la posibilidad de que exista una trama organizada o incluso una mafia dedicada a lucrarse con empadronamientos ficticios.
Otra red en Vilaseca cobraba hasta 600 euros por empadronamientos ilegales
Según recuerda el diario regional «El Nacional», en Vilaseca (Tarragona), la Policía Nacional desmanteló recientemente una red que cobraba entre 400 y 600 euros a inmigrantes por empadronarlos de forma ilegal mediante falsos contratos de alquiler. Estos empadronamientos constituyen el primer paso para acceder a servicios básicos y, a medio plazo, facilitan la obtención del permiso de residencia.
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