El ex director general de Trabajo de la Junta del PSOE, Daniel Alberto Rivera, desvió 683.000 € con el ERE de Fertiberia
Interminable corrupción del caso ERE. La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a Daniel Alberto Rivera, ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía bajo gobiernos socialistas, a cuatro años y un mes de prisión y diez años y un mes de inhabilitación absoluta por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
La sentencia se dicta en una pieza separada del caso ERE, centrada en las ayudas irregulares concedidas a 14 extrabajadores de Fertiberia, y obliga además al ex alto cargo a indemnizar a la Junta con 682.598,50 euros.
El tribunal considera probado que, en 2004, se concedieron ayudas públicas de forma irregular para garantizar prejubilaciones a extrabajadores que no habían accedido a esas condiciones en el ERE pactado en 2003.
Apaño para conseguir ilegalmente prejubilaciones mediante Vitalia
Dicho expediente de regulación de empleo afectaba a 166 trabajadores y ofrecía dos alternativas: prejubilación mediante póliza de seguro financiada por Fertiberia o una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.
Tras el acuerdo, 12 empleados solicitaron bajas incentivadas con la intención de reclamar posteriormente ayudas a la Dirección General de Trabajo para conseguir prejubilaciones a las que no tenían derecho.
Rivera autorizó las pólizas de seguros con fondos públicos a través de la consultora Vitalia, siguiendo el criterio de Francisco Javier Guerrero, su antecesor y uno de los principales implicados en la trama, ya fallecido.
Esquivando cualquier control, el socialista era plenamente consciente del delito
La Audiencia recalca que las ayudas se otorgaron sin procedimiento legal, sin fiscalización previa de la Intervención de la Consejería de Empleo y sin competencia del órgano que las aprobó, ya que la potestad correspondía al consejero. Rivera era plenamente consciente de la falta de base normativa, de la ausencia de publicidad y de requisitos para los beneficiarios, pero aun así impulsó las ayudas.
El fallo señala que la operación inicial ascendía a 2,16 millones de euros, de los cuales más de 1,9 millones fueron asumidos por la Junta de Andalucía, debido además a suplementos posteriores en las pólizas derivados de impagos e intereses moratorios.
La sentencia no es firme y puede recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo. Este nuevo pronunciamiento judicial se suma al conjunto de condenas que han marcado el macroproceso de los ERE fraudulentos en Andalucía, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en España.
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