Cartas de la Seguridad Social para desconocidos alertan a propietarios de pisos de una mafia de acceso fraudulento a prestaciones sociales
Los Mossos d’Esquadra descubrieron una organización criminal de empadronamientos falsos de inmigrantes en pisos del Bajo Maresme, en Barcelona. La mayoría de los empadronados eran asiáticos, provenientes de países como Nepal, India, Pakistán y Bangladesh, aunque también de Marruecos, y así obtenían la tarjeta sanitaria además de otras gestiones administrativas.
La operación detectó falsificaciones en una veintena de inmuebles de Montgat, Tiana, Vilassar de Mar, El Masnou, Premià de Mar, Teià y Castelldefels. Esto afectó a 134 personas empadronadas, que figuran como víctimas y autoras de delitos, además de 29 propietarios víctimas directas de usurpación de identidad, ya que ignoraban los empadronamientos hasta recibir las cartas.
La Unitat d’Investigació de Premià de Mar detuvo el 15 de diciembre a diez personas con nacionalidad española con diferentes roles en el grupo. Ellos enfrentan cargos por falsedad documental, usurpación de identidad, estafa, delitos contra derechos de ciudadanos extranjeros y trabajadores, contra la Seguridad Social y pertenencia a grupo criminal.
En algunos pisos llegaron a empadronar hasta diecinueve inmigrantes
La policía acreditó que los criminales elegían pisos específicos y consultaban el registro de la propiedad para identificar a los dueños. Después falsificaban contratos de alquiler con nombres de agencias inmobiliarias reales, sin que estas supieran nada.
En esos documentos aparecía el propietario real como arrendador, sin su consentimiento, y un miembro de la organización como inquilino. Este supuesto inquilino acudía al ayuntamiento correspondiente y se empadronaba primero, lo que facilitaba inscribir luego a otros extranjeros en situación irregular.
En algunos pisos llegaron a empadronar hasta diecinueve personas, y en otro quince. La red cobraba entre 450 y 800 euros por cada empadronamiento, lo que generó beneficios de hasta 100.000 euros.
Detenciones y afectados
La investigación comenzó a principios de septiembre cuando varios propietarios de viviendas en el Maresme denunciaron que figuraban empadronadas personas desconocidas en sus domicilios. Ellos confirmaron las sospechas al recibir cartas del CatSalut dirigidas a terceros, lo que impulsó la actuación policial.
Los agentes verificaron pronto que existía un grupo organizado que actuaba en varios municipios de la comarca. Según recoge El Caso, la red dirigía las operaciones desde el barrio de Sants en Barcelona y afectaba a múltiples viviendas.
Las detenciones ocurrieron en varios puntos de Cataluña: una en Santa Coloma de Gramenet, una en Parets del Vallès, una en Gavà y siete en Barcelona, en el barrio de Sants. Todos pasaron a disposición judicial el 17 de diciembre en Mataró, donde dos ingresaron en prisión.
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