El Sanchismo y el PSOE ningunean a los cartageneros: el Consistorio de PP+VOX alerta además de que el recinto está ubicado en una zona inundable
Nacho Jaúdenes es el portavoz del Gobierno Municipal de Cartagena. Y ha sido muy claro en redes sociales al explicar por qué el Consistorio demanda al Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Recurrimos al Supremo y demandamos al Gobierno de España por su arbitraria decisión de abrir un campamento en el antiguo Hospital Naval. Ni es el lugar para acoger dignamente a nadie ni es el lugar que los cartageneros queremos”.
Así, el Ayuntamiento, como recoge La Verdad, da un nuevo paso en su batalla judicial contra las obras del Sanchismo en el Hospital Naval de Cartagena.
La alcaldesa, en pie de guerra
Después de que el Tribunal Supremo aceptara a trámite su recurso, la pasada semana, el Gobierno Local formalizaba ante la Sala Tercera del alto tribunal la demanda anunciada por la alcaldesa, Noelia Arroyo, contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de mayo de 2025.
Aquella reunión fue en la que se autorizó la ejecución del proyecto de adecuación de espacios para inmigrantes en el Hospital Naval. El recurso, tramitado por la asesoría jurídica municipal, solicita la anulación del acuerdo por considerarlo contrario a derecho. Por los siguientes motivos: al carecer de motivación suficiente, incurrir en desviación de poder y haberse dictado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.
Elma Saiz, corresponsable con Pedro Sánchez
La demanda, a la que ha tenido acceso La Verdad, denuncia que el Ministerio que dirige Elma Saiz declaró en febrero de 2025 la urgencia y el excepcional interés público de las obras en el Hospital Naval. Se trata de un edificio con 3.281,85 metros cuadrados de superficie construida y un presupuesto de ejecución material de 654.471,85 euros.
Las obras, según el Ayuntamiento de Cartagena, fueron promovidas a pesar de que el informe urbanístico emitido por la Comunidad Autónoma señalaba la incompatibilidad del uso residencial pretendido con el planeamiento municipal vigente. Pese a esa advertencia, el Sanchismo aprobó la ejecución del proyecto y ordenó que se incorporaran las modificaciones necesarias en el planeamiento de Cartagena.
Inmigrantes en Cartagena
El escrito sostiene que la resolución del Consejo de Ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez carece de motivación suficiente para justificar la urgencia o el interés público excepcional exigidos por la ley.
Señala que en los cinco folios del acuerdo apenas se dedican tres líneas a explicar las razones de urgencia, limitándose a mencionar el aumento de llegadas de inmigrantes a las costas canarias y su traslado a la península.
El Ayuntamiento de Cartagena considera que esa motivación es insuficiente, ya que la presión migratoria en Canarias no puede considerarse una circunstancia extraordinaria.
En apoyo de su argumento, la demanda cita datos de prensa según los cuales las llegadas a las islas se redujeron un 52% en los primeros nueve meses de 2025, lo que, a juicio del Ayuntamiento, demuestra que no concurren razones de urgencia ni de interés público que justifiquen la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez.
Eludir la competencia local
El recurso también denuncia que el procedimiento se ha utilizado para eludir la competencia municipal en materia urbanística, configurando un supuesto de desviación de poder.
Según el escrito, las obras se ejecutaron sin licencia en una parcela afectada por la zona de policía de la rambla de Canteras, donde además se instalaron carpas y aseos portátiles sin autorización, en un entorno inundable y sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Los informes técnicos municipales advirtieron de que las carpas carecen de las condiciones de habitabilidad y seguridad contra incendios necesarias… También de que el uso residencial asignado al inmueble no es compatible con el planeamiento urbanístico vigente, que lo clasifica como sistema general de equipamiento de defensa.
Actuación arbitraria del Sanchismo contra Cartagena
Pese a estas advertencias, el Gobierno de Pedro Sánchez prosiguió con la tramitación, lo que el Ayuntamiento interpreta como una actuación arbitraria y contraria al principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Asimismo, la demanda invoca la nulidad de pleno derecho del acuerdo del Consejo de Ministros conforme al artículo 47.1 e) de la Ley 39/2015, al haberse dictado, siempre según el escrito, prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
El Ayuntamiento sostiene igualmente que no se ha seguido el procedimiento previsto en el artículo 35 bis de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, que regula la declaración de contingencia migratoria extraordinaria y los traslados de menores migrantes no acompañados mediante acuerdo unánime de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
Al no haberse producido dicha declaración ni seguirse los cauces formales previstos, el acuerdo carece, a juicio de la parte recurrente, de cobertura legal.
En su conclusión, el Ayuntamiento de Cartagena solicita que el Tribunal Supremo declare contrarios a Derecho, anule y deje sin efecto el acuerdo del Consejo de Ministros, con imposición de costas a la Administración demandada.
Expedientes sancionadores
Mientras esto continúa su curso en las altas instancias judiciales, el Ayuntamiento de Cartagena prosigue, vía administrativa, con los expedientes sancionadores en materia urbanística.
El primero de los expedientes abierto por el Consistorio, el número 354/2024, corresponde a las obras de reforma interior del edificio principal. La sanción asciende a 73.832 euros tanto para el Ministerio, como promotor, como para Tragsa, como ejecutora. El Ministerio del Sanchismo interpuso recurso, que ha sido desestimado.
El segundo expediente, el 568/2024, se refiere a la instalación de tres carpas en el exterior del recinto sin título habilitante. La sanción propuesta es de 45.601 euros para cada responsable. La resolución ya ha sido notificada. Hasta el momento, no consta la presentación de recurso, aunque se está a la espera de confirmar la expiración del plazo legal, que finalizó ayer.
Curso administrativo
Ambos procedimientos siguen su curso administrativo, en paralelo al recurso que el Ayuntamiento de Cartagena ha anunciado contra el acuerdo del Consejo de Ministros que declaró las obras de interés general y ordenó modificar el planeamiento urbanístico de Cartagena para darles cobertura legal.
Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez, como apunta La Verdad, apenas ha justificado que el Naval seguirá acogiendo inmigrantes mientras persista la crisis migratoria. En un inicio, el Ministerio se comprometió a desmantelar el recinto en junio de 2025. Pedro Sánchez ha cambiado de opinión. Y hoy no hay fecha para cierre necesario para los cartageneros, a los que el PSOE y el Sanchismo ningunean.
