La factura llegará este año a 32.800 millones con más de nueve millones de ausencias al trabajo, según el informe de las mutuas
En LA BANDERA hemos hablado en diversas ocasiones sobre el absentismo laboral y las bajas laborales. La realidad: siguen aumentando y sus previsiones van a peor.
La repercusión directa es un lastre para nuestra economía. El gasto en bajas laborales mantiene una velocidad de crucero, lo que convierte este desequilibrio en la segunda gran amenaza para la Seguridad Social, tras las pensiones. Además, esto supone un coste añadido para las empresas justo ahora con sobrecarga de impuestos y cotizaciones sociales que impone el Gobierno del Sanchismo.
El último informe de la patronal de las mutuas, AMAT, que recoge ABC, refleja un gran crecimiento de las bajas laborales relacionadas con la salud mental, como el estrés o la ansiedad. Esta tipología de ausencias al trabajo ha crecido un 176% en los últimos nueve años.
Las previsiones que realizan las mutuas, organismos colaboradores de la Seguridad Social, son que el ejercicio acabará con más de 9,2 millones de bajas. Supondría un 6% más que un año antes y un 135% más que en una década.
Según estos cálculos, el coste de estos procesos será de 32.800 millones, lo que habrá supuesto un incremento del 223% más que en 2015, año en el que las bajas comenzaron su ascenso meteórico.
De la cantidad total de desembolsos previstos para final de este 2025, señala ABC, 16.011 millones estarían a cargo de las arcas públicas y otros 16.788 millones de las empresas.
El impacto de las bajas en las cuentas de las empresas no es menor, teniendo en cuenta que en los supuestos de enfermedad común o de accidente no laboral, el abono del subsidio entre los días 4 a 15 de baja en el trabajo corre a cargo del empresario.
Coste para las empresas
A partir del decimosexto día de baja la responsabilidad del abono recae en la Seguridad Social o mutua en su caso, aunque el pago lo siga materializando el empresario. Es decir, el empresario abona como si fuera una nómina y luego el sistema público o la mutua le paga al empresario. De esta forma, el trabajador recibe este ingreso como si fuera una nómina, descontando del importe del subsidio la retención por IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social.
El informe de las mutuas sitúa en 180.984 millones el coste para las empresas por la pérdida de producción y la prestación de servicio por parte de los trabajadores de baja y en 148.185 millones el valor de los bienes y servicios que se habrán dejado de producir a final del ejercicio.
