El Sanchismo pretende mantener simultáneamente las instalaciones exteriores e interiores para dar alojamiento a 1.500 ilegales
Suma y sigue del Gobierno de Pedro Sánchez contra los intereses de la ciudad de Cartagena y sus vecinos. Lo hace de forma ilegal, o cuanto menos alegal. Esta pasada semana, el Consejo de Ministros hizo oídos sordos a las reclamaciones de la Región de Murcia y dio luz verde al proyecto de adecuación en las instalaciones del Hospital Naval de Cartagena.
Desde hace dos años y comenzó a reconvertirse en un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) para personas migrantes. Se suponía que se trataría de un espacio temporal para coger ilegales… Pero ahora el Gobierno quiere, y está haciendo, transformar de forma definitiva el Hospital Naval de Cartagena en otra cosa totalmente diferente.
La Consejería de Fomento e Infraestructuras informó al Gobierno de España que el Plan General Municipal de Ordenación, como apunta La Opinión, hace incompatible el uso residencial propuesto por el Ministerio: de acogida de ilegales.
Suelo para la defensa del orden público
El tipo de suelo que realmente tiene el terreno está pensado para aquellos edificios o locales destinados a instituciones o cuerpos para la defensa del orden público del Estado o de los ciudadanos. Es decir, cuarteles, parques de bomberos, centros penitenciarios, comisarías de policía…
Pese al informe desfavorable del Ayuntamiento, que denunció obras ilegales en el Hospital Naval, el Gobierno mantiene su intención de seguir con sus planes. Ante ello, el Gobierno Regional ha presentado un recurso potestativo de reposición ante el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros por el “atropello que supone esta decisión estatal, ya que «no justifican ni motivan la resolución del Gobierno que debía argumentar y velar por el interés general”, explican fuentes de la Consejería de Fomento a La Opinión.
El Sanchismo se salta la competencias
El Ejecutivo regional denuncia que han pasado por encima de sus competencias en materia de urbanismo, que no son estatales, sino que son exclusivas de la Comunidad Autónoma en concurrencia con el Ayuntamiento de Cartagena.
En el escrito que se envió desde la Comunidad se exponían varias contradicciones o inconcreciones del proyecto de adecuación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
53 módulos para 500 ilegales más
Por un lado, como cita La Opinión, el Gobierno indicaba que, una vez realizada la intervención del edificio, se procederá a desmontar las carpas exteriores, con capacidad para unas 1.000 personas. Pero la adecuación de 53 módulos que plantea el proyecto en el Hospital tiene una capacidad aproximada para unas 500 personas. Faltarían por acomodar en el interior, por tanto, otros 500 usuarios.
Además, no se prevén en el edificio instalaciones básicas que sí están actualmente en las carpas, como es el comedor, que ocupa 400 metros cuadrados. Esta sería una muestra más de que las carpas del exterior seguirían siendo necesarias.
Además, el Ejecutivo central propone la creación de 53 módulos residenciales en la primera planta; sin embargo, en la distribución de módulos solo aparecen 38.
Es decir, todo “aparenta una alta probabilidad de que el Gobierno pretenda mantener simultáneamente las instalaciones exteriores e interiores para dar alojamiento a unas 1.500 personas”.
Y es que la capacidad del Hospital Naval de Cartagena no ha dejado de crecer desde su reconversión a un CAED. En noviembre de 2023 había 600 usuarios. A día de hoy conviven cerca de 1.000 personas.
Incendio en el interior
Ante todo ello, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, denuncia que este campamento fue levantado “sin cumplir la normativa urbanística, a espaldas del Ayuntamiento y ahora blindado al control municipal al haberse declarado obra de emergencia”.
De hecho, informó de que “acaba de producirse un incendio que han tenido que apagar los bomberos de Cartagena” pero, sin embargo, “no pueden investigar los técnicos de Cartagena. Esto no tiene sentido”.
Desde el Ayuntamiento exigen que el Ministerio cierre la instalación en cuento abra el primer CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) de los que está construyendo. “No es creíble que la cuarta economía de Europa no pueda ofrecer a los inmigrantes de Canarias otra cosa que unas carpas en una instalación abandonada en un municipio que ya recibe pateras”, explica la regidora en declaraciones a La Opinión.
Arrendamiento de las carpas blancas
Por otro lado, según la documentación volcada en la Plataforma de Contratación del Estado, Migraciones, a través de la empresa pública Tragsa, ha extendido un año más el arrendamiento de las carpas blancas desplegadas en el exterior del antiguo hospital de la Armada.
El alquiler de este servicio ha sido adjudicado a la empresa Telemag Lorca por valor de 712.932 euros. La contratación se ha realizado mediante un procedimiento negociado sin publicidad, es decir, sin concurrencia de otras empresas que pudieran lanzar otras ofertas más ventajosas para la Administración. La decisión se ampara en la actual situación de crisis humanitaria y migratoria.
