A petición de la prensa afín, se impondrán nuevas ‘normas de convivencia’ o sanciones a los informadores y sus medios dentro del Congreso y sus zonas de acceso
El ataque contra la libertad agendado para los próximos días por Sánchez y sus cómplices de legislatura consiste en el inicio de la tramitación el pasado viernes de una ley para limitar –según sus propios criterios éticos y de convivencia- el trabajo de la prensa dentro del Congreso y en sus zonas de acceso.
La reforma se aceleró, porque, aunque minoritaria, queda una representación de informadores acreditados que plantean preguntas molestas a los diferentes portavoces y altos cargos gubernamentales, lo que constituye para los proponentes de la norma un alarde de crispación que debe eliminarse mediante cambios legislativos.
La norma se plantea coincidiendo con el incremento de los escándalos que afectan al Gobierno -por las consecuencias de sus políticas o por los presuntos delitos bajo investigación-, y justo cuando los periodistas criminalizados por altos cargos y prensa subvencionada (Vito Quiles o Bertrand Ndongo, por ejemplo) repreguntan a los cabecillas políticos, en el Congreso o en la calle, aquellas cuestiones molestas que ningún supuesto profesional plantea, eludiendo su obligación.
Normas de convivencia para ‘los y las’ profesionales de la información
En concreto, todos los grupos, salvo la oposición democrática al PSOE, la ultraizquierda y el separatismo, registraron un texto para modificar el Reglamento del Congreso «con el que establecer unas normas de convivencia y garantizar la labor de las y los profesionales de la información».
Según fuentes socialistas, recogidas por Público, el texto incorpora unas «reglas para que puedan desarrollar su trabajo en función de criterios deontológicos y de respeto» mediante la reforma del reglamento como “respuesta a la petición de regulación expresada por cientos de profesionales que cada día hacen su trabajo en dependencias de la Cámara”.
La prensa progubernamental siente ‘perturbados’ sus derechos
Según la exposición de motivos del proyecto -a petición de la propia prensa progubernamental-: «las personas que se dedican al periodismo parlamentario están viendo perturbado gravemente el ejercicio de su derecho a la información por otras que, pese a estar acreditadas por la Cámara como profesionales de la comunicación, se dedican a intimidar, faltar al respeto y dificultar sistemáticamente la labor de los y las periodistas que defienden que no se obstaculice el trabajo informativo en el Parlamento».
En un anticipo a escala parlamentaria de las pretendidas reformas a escala nacional, se pretende crear un ‘Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria’ con una presunta representación de cada grupo parlamentario (un solo miembro sin tener en cuenta la cantidad de escaños), con presencia de “entidades representativas de los colectivos profesionales”.
Por si no fuera suficiente manipular las mayorías parlamentarias e incorporar sindicalistas, para atar aún más las decisiones, regulará su funcionamiento una Mesa de la Cámara cuyo sectarismo ha denunciado repetidas veces la oposición democrática.
Expulsión de periodistas y medios que ‘atenten a la dignidad’
En la iniciativa se establece un régimen sancionador en el que, por ejemplo, se consideran faltas graves «interrumpir el orden de las ruedas de prensa o demás encuentros de los miembros de la Cámara” o “la falta de respeto o a las reglas de cortesía frente a otras personas en el seno del recinto parlamentario y zonas de acceso”.
En ese sentido, la norma sanciona lo que los políticos y la prensa de su cuerda consideren “insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas en el seno de la Cámara y en los accesos a la misma”.
Las sanciones establecidas irán desde el apercibimiento a las suspensiones de la credencial del informador señalado, que incluye al medio para el que trabaja, pues no podrá sustituirle por otro periodista (esté o no criminalizado previamente por los políticos como un pseudomedio.
