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El juez Peinado se querella contra Marlaska por injurias y calumnias

El instructor del ‘caso Begoña’ actúa antes de que prescriban los presuntos delitos perpetrados contra él por políticos y tertulianos progubernamentales

Juan Carlos Peinado, magistrado que instruye la causa contra Begoña Gómez por cinco delitos, ha decidido presentar una querella contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por injurias y calumnias. El juez Peinado reclama una indemnización de 50.000 euros y exige una rectificación pública de las declaraciones en las que el ministro cuestionaba su trabajo.

El origen de la querella del juez Peinado

El detonante se remonta al 4 de julio de 2024, recuerda El Debate, cuando Marlaska, en una entrevista televisiva, sugirió que la instrucción de Peinado podía generar indefensión a la esposa del presidente del Gobierno. También habló de resoluciones arbitrarias y de una investigación de corte prospectivo, insinuando que la causa estaba diseñada más para erosionar a Pedro Sánchez que para aplicar la ley.

Estas palabras, según el magistrado, vulneran su derecho al honor y dañan su reputación profesional, motivo por el que ha puesto en marcha un procedimiento legal.

La querella de Peinado aún no se formaliza en los tribunales. Antes deberá celebrarse un acto de conciliación, requisito legal en este tipo de procesos, donde Marlaska podrá retractarse y evitar así la vía penal o civil. Si el ministro no rectifica, el juez activará la querella reclamando los 50.000 euros por daños morales y la retirada de cualquier contenido audiovisual o escrito que recoja sus acusaciones.

No es un caso aislado

El movimiento contra Marlaska se suma a las demandas de conciliación que Peinado ha presentado contra otros políticos y periodistas, entre ellos Pablo Iglesias, Óscar Puente y los tertulianos Antón Losada y Ernesto Ekaizer. Todos, en palabras del juez, habrían traspasado la línea de la crítica legítima para entrar en el terreno de la difamación.

El juez ha decidido contraatacar en plena instrucción del caso Begoña Gómez, consciente de que el delito de injurias prescribe al año. Con esta estrategia busca blindar su honor ante el señalamiento y las insinuaciones del propio Sánchez que desataron la cacería política y mediática contra él tras imputar a su mujer.

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