El juez Peinado interrogará otra vez en septiembre a la mujer del presidente y a Cristina Álvarez como investigadas por este otro delito
El juez Juan Carlos Peinado imputa a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno un quinto delito. Esta vez malversación de caudales públicos, por las gestiones privadas que para ella realizó la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, vinculadas a la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Se suma así a los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional por los que ya se la investigaba judicialmente. Toda una estampa dorada que se suman a otras que rodean al presidente Pedro Sánchez.
El instructor del “caso Begoña Gómez” la cita para volverla a interrogar el próximo 11 de septiembre, a partir de las 10:30 horas. Será la cuarta vez que se siente frente al juez. Como apunta La Razón, en esta ocasión, solo le preguntará por la supuesta “desviación de fondos públicos en favor de intereses privados” relacionados, directamente, con la actividad profesional que desarrollaba Begoña Gómez en la Complutense.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid también imputa este nuevo delito a la alto cargo del Gobierno. Por ello, un día antes que su jefa, Álvarez tendrá que declarar como investigada por este delito de malversación a las 11:00 horas.
Hasta ahora, solo estaba siendo investigado en esta pieza separada de la causa el actual delegado del Begoñ, por haber sido el máximo responsable de la secretaría general de la Presidencia del Gobierno.
De ella dependía formalmente la asesora, cuando pidió fondos a empresas privadas para la cátedra extraordinaria o realizó consultas sobre cómo registrar el software a funcionarios de la UCM.
Responsabilidad penal
En un nuevo auto, al que ha tenido acceso La Razón, el juez Peinado se apoya en que la Audiencia Provincial de Madrid apuntó a que Álvarez también tendría “responsabilidad”, a nivel penal, tras presuntamente haberse sobrepasado en el desempeño de sus funciones públicas “para favorecer el plan delictivo” de Gómez, en el plano del tráfico de influencias.
Esto es, dice La Razón, que la trabajadora de Moncloa habría participado en que Gómez presuntamente se prevaliese de su condición de mujer de la segunda máxima autoridad del Estado para, por ejemplo, obtener dinero para financiar la ya extinta cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC).
O en relación al empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado en este procedimiento, y de cuyas empresas también se habría “valido” Begoña Gómez en el marco de su faceta profesional.
