La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha iniciado una nueva operación relacionada con un posible uso irregular de fondos procedentes de la Unión Europea. En esta ocasión, los agentes han acudido este jueves, 12 de noviembre, al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas para recabar documentación vinculada a la contratación de las conocidas como pulseras antimaltrato.
Las actuaciones se desarrollan en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Europea, que comenzó el pasado año y que ha autorizado ahora las primeras diligencias. Según fuentes cercanas al caso, los investigadores están solicitando los expedientes y documentos relativos a los contratos en los que podrían haberse producido las irregularidades.
La Fiscalía Europea ha explicado que la investigación se refiere a un supuesto fraude que afectaría a fondos comunitarios destinados a financiar dispositivos electrónicos de control telemático. Estos sistemas se utilizan para garantizar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas relacionadas con delitos de violencia de género.
Las pulseras antimaltrato acumularon fallos tras el cambio de proveedor
La investigación se produce después de que salieran a la luz diversos problemas técnicos en las pulseras telemáticas utilizadas para proteger a las mujeres víctimas de violencia machista.
Las incidencias comenzaron a detectarse tras el proceso de sustitución de los dispositivos llevado a cabo por el Ministerio de Igualdad entre 2023 y 2024. Hasta entonces, Telefónica era la compañía encargada de prestar este servicio, pero decidió no concurrir al nuevo procedimiento de contratación convocado en 2023.
Finalmente, el contrato fue adjudicado por 35 millones de euros a una unión temporal de empresas (UTE) integrada por Vodafone y Securitas.
El relevo empresarial y la posterior migración de información durante 2024 estuvieron acompañados de importantes problemas. Entre ellos, destacó la pérdida de acceso a numerosos datos y registros de geolocalización correspondientes a órdenes de alejamiento anteriores al cambio de proveedor.
Estas deficiencias también quedaron reflejadas en la memoria anual de 2025 de la Fiscalía General del Estado. El documento advertía de distintas anomalías en el funcionamiento de los nuevos dispositivos electrónicos y de dificultades durante el proceso de transferencia de información entre las empresas responsables del servicio.
En concreto, se identificaron incidencias en diferentes sedes judiciales y territoriales, entre ellas Castellón, Pontevedra, Madrid, Girona, Granada y Tenerife. En estos puntos se habían detectado múltiples fallos técnicos y problemas relacionados con el traspaso de datos.
La Fiscalía Europea investiga el destino de los fondos comunitarios
El objetivo de las diligencias autorizadas es esclarecer si durante la contratación de los dispositivos antimaltrato se produjo algún tipo de irregularidad que pudiera constituir un fraude con financiación europea.
La investigación pretende determinar cómo se gestionaron los contratos y si los recursos económicos comunitarios destinados a estos sistemas de protección se utilizaron conforme a la normativa.
Por el momento, las actuaciones se encuentran en una fase de investigación y será el desarrollo de las pesquisas el que permita aclarar si existieron responsabilidades penales o administrativas.
La UCO también investiga contratos de Adif por otro posible fraude europeo
Esta operación se suma a otra investigación reciente de la Unidad Central Operativa relacionada también con un presunto fraude en el uso de fondos europeos. El pasado viernes, los agentes realizaron actuaciones en Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y el Tribunal de Cuentas.
En este segundo caso, las pesquisas están relacionadas con los contratos para renovar y modernizar los sistemas de seguridad de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla, donde tuvo lugar el accidente de Urda (Toledo) el 28 de octubre de 2026, en el que fallecieron 69 personas.
La Fiscalía Europea abrió una investigación para esclarecer un posible fraude en la utilización de las ayudas comunitarias destinadas a mejorar los sistemas de señalización, comunicaciones y seguridad ferroviaria.
Entre los contratos bajo investigación figura el adjudicado por Adif a la multinacional francesa Thales, por un importe de 77,5 millones de euros. El proyecto contemplaba, entre otras actuaciones, sustituir el sistema de protección ferroviaria LZB por el sistema europeo ERTMS.
Ambas investigaciones tienen un elemento en común: la posible existencia de irregularidades en la gestión de fondos europeos destinados a servicios e infraestructuras esenciales. No obstante, se trata de procedimientos independientes que deberán esclarecer los hechos y determinar si se produjo alguna actuación delictiva.
