El Gobierno de Pedro Sánchez autorizó en febrero de 2021 una financiación de casi 26 millones de euros para un proyecto de rehabilitación ferroviaria en Uganda en el que participaron empresas relacionadas con Julián García Valverde, exministro socialista y antiguo presidente de Renfe durante los gobiernos de Felipe González. Cinco años después, la operación está siendo examinada por las autoridades ugandesas debido a las presuntas irregularidades detectadas en la ejecución de las obras y en la gestión de los fondos destinados a asistencia técnica.

Según una investigación publicada por El Mundo, el Consejo de Ministros aprobó el 23 de febrero de 2021 dos créditos del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) por un importe total de 25.984.100 euros. De esa cantidad, aproximadamente 16,86 millones de euros se reservaron para financiar los trabajos de rehabilitación ferroviaria, mientras que los 9,12 millones restantes estaban destinados a consultoría y asistencia técnica.

El contrato de obras había sido adjudicado en junio de 2020 a Imathia, compañía presidida por García Valverde. Por su parte, Consultrans, otra empresa vinculada al antiguo dirigente socialista, asumió parte de las funciones técnicas relacionadas con el proyecto.

La auditoría de Uganda detectó deficiencias en las obras ferroviarias

El proyecto contemplaba la rehabilitación de cerca de 27 kilómetros de vía ferroviaria entre Kampala y Mukono, un corredor considerado estratégico para mejorar las comunicaciones y el transporte de mercancías en Uganda.

Sin embargo, una inspección llevada a cabo en agosto de 2024 por el Auditor General ugandés puso de manifiesto diferentes problemas en la infraestructura. Entre las deficiencias señaladas figuraban traviesas de hormigón agrietadas, raíles sin el soporte adecuado, ausencia de pernos, filtraciones de agua y zonas de la vía afectadas por inundaciones.

El informe también puso en cuestión determinados pagos por un valor aproximado de 2,4 millones de euros, relacionados con materiales y elementos que, según los auditores, no cumplían las condiciones técnicas establecidas en el contrato.

A esta cantidad se sumaron discrepancias de alrededor de 1,2 millones de euros entre las mediciones de los trabajos abonados y las cantidades que los inspectores pudieron verificar sobre el terreno. Ante estos hallazgos, el organismo fiscalizador recomendó reclamar al contratista los importes cuestionados.

No obstante, conviene precisar que las inspecciones se realizaron antes de la conclusión definitiva del proyecto, cuyo certificado de finalización fue expedido en agosto de 2024.

La investigación parlamentaria cuestiona el coste de la asistencia técnica

Las dudas sobre la gestión económica del proyecto aumentaron tras una investigación del Parlamento de Uganda sobre el funcionamiento de la compañía ferroviaria estatal.

Las conclusiones parlamentarias, aprobadas en septiembre de 2026, pusieron el foco en el presupuesto destinado a los servicios de consultoría y asistencia técnica. De los 4,82 millones de euros previstos para esta partida, aproximadamente 4,33 millones estaban asignados a cinco puestos de expertos, lo que supone una media de 866.000 euros por puesto durante el periodo de contratación.

Los parlamentarios también señalaron posibles anomalías en la contratación del personal. Según la investigación, algunos trabajadores ugandeses habrían aparecido en la documentación contractual como expertos extranjeros, aunque continuaban cobrando sus salarios locales.

Asimismo, se cuestionaron determinados gastos relacionados con desplazamientos desde España que presuntamente no llegaron a realizarse, además de actividades de formación cuya ejecución no habría quedado acreditada en su totalidad.

Por su parte, la compañía ferroviaria estatal de Uganda defendió que las cantidades presupuestadas correspondían a contratos plurianuales de asistencia técnica. Según esta explicación, los importes incluían no solo las remuneraciones de los profesionales, sino también desplazamientos, salarios y otros costes asociados a la prestación de los servicios.

¿Quién es Julián García Valverde y qué relación tiene con el proyecto?

Julián García Valverde fue presidente de Renfe entre 1985 y 1991 y ocupó posteriormente el cargo de ministro de Sanidad durante el Gobierno de Felipe González. Su trayectoria política estuvo marcada por su dimisión en 1992, en medio de una controversia relacionada con operaciones inmobiliarias.

También fue investigado en el conocido como caso AVE, aunque finalmente resultó absuelto.

Su vinculación con el proyecto ferroviario de Uganda se produce a través de Imathia, empresa que presidía y que resultó adjudicataria de las obras, y de Consultrans, compañía relacionada con los trabajos de asistencia técnica.

La investigación parlamentaria ugandesa ha vuelto a situar estas conexiones empresariales bajo el foco público, especialmente por las dudas planteadas sobre el destino de los fondos y la calidad de las infraestructuras ejecutadas.

Los 26 millones concedidos por España eran créditos reembolsables

Uno de los aspectos importantes de esta operación es la naturaleza de la financiación aprobada por el Ejecutivo español. Los casi 26 millones de euros no fueron concedidos como una subvención a fondo perdido, sino mediante créditos reembolsables procedentes del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM).

Este instrumento público tiene como finalidad apoyar la actividad internacional de las empresas españolas mediante mecanismos de financiación vinculados a proyectos en otros países.

Por el momento, las investigaciones desarrolladas en Uganda mantienen bajo examen distintos aspectos económicos y técnicos del proyecto ferroviario. Sin embargo, las irregularidades señaladas por los organismos fiscalizadores y parlamentarios no demuestran por sí mismas la existencia de responsabilidad penal por parte de Julián García Valverde.

Las autoridades ugandesas deberán esclarecer el destino de los fondos, determinar si los trabajos se ajustaron a las condiciones contractuales y establecer, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse de las anomalías denunciadas.