En un giro insólito del derecho laboral que amenaza con reescribir los manuales de Derecho Constitucional, España vive la primera «huelga general institucional y preventiva» de su historia. Promovida originalmente por el Sindicato de Inquilinas y bendecida con entusiasmo desde la mismísima mesa del Consejo de Ministros, la jornada de paro del 11-N ha llevado al presidente de la patronal empresarial (CEOE), Antonio Garamendi, a preguntarse lo obvio en televisión: «¿Pero a la huelga contra quién?».
Mientras la vicepresidenta y varios ministros de Pedro Sánchez animaban a los trabajadores a vaciar las empresas para protestar por la crisis de la vivienda y la precarización —problemas de los que el Gobierno, tras ocho años en La Moncloa, jura ser un simple observador perjudicado—, la realidad de las fábricas y oficinas ha dictado su propia sentencia.
Pinchazo eléctrico
Los datos energéticos facilitados por la patronal confirman el flojo seguimiento de la convocatoria: una caída de la demanda eléctrica de apenas el 10% a primera hora de la mañana, lejos del 14% alcanzado en paros generales anteriores.
A excepción de los ya habituales cortes puntualizados de polígonos, bloqueos en puertos estratégicos como el de Algeciras y cargas policiales contra piquetes en cocheras de autobuses en Burgos o Mercamadrid, la jornada ha transcurrido en el resto del país bajo un manto de abrumadora normalidad laboral.
"Es una huelga bastante anómala e incomprensible", señalaba Garamendi tras recordar que UGT y CCOO decidieron «dar cobertura legal» a una protesta convocada por colectivos no sindicales a las puertas del inicio de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.
Impugnación de la legalidad del paro
De hecho, el dirigente empresarial ironizó sobre el papel del Ejecutivo alentando la huelga en la calle mientras los mismos convocantes tratan de trasladar al periodo electoral lo que no se aprueba en las urnas.
A pesar de que la CEOE impugnará la legalidad del paro por considerarlo una convocatoria puramente político-electoral, Garamendi quiso tranquilizar a la bancada sindical asegurando que, pese al sainete institucional, la relación no se romperá: "El amor no se ha roto nunca, seguiremos negociando los 4.500 convenios colectivos pendientes". Eso sí, si hay marisco de por medio en la mesa de negociación, la paz social estará asegurada mucho antes.
