El Gobierno ha cesado al delegado especial de la Agencia Tributaria en Galicia mientras un juzgado investiga una querella por presunta prevaricación administrativa presentada por una petrolera. Según informa The Objective, la resolución se publicó en el BOE el pasado lunes y el cese se produce en plena instrucción de una causa en la que hay cinco funcionarios investigados. Todo lo que sigue son acusaciones de la empresa querellante, no hechos probados, y los afectados gozan de presunción de inocencia.
La querella y el juzgado
Las pesquisas arrancaron en junio de 2026, tras la decisión de la Hacienda gallega de excluir a la petrolera del grupo de operadores confiables. El caso lo instruye el Tribunal de instrucción número 6 de A Coruña. A los cinco funcionarios se les imputan, según el relato de la querella, hasta tres delitos: omisión del deber de perseguir delitos, impedimento del ejercicio de otros derechos cívicos y coacciones.
Según la empresa, hubo maniobras dilatorias para alcanzar el plazo de silencio administrativo negativo, y el resultado habría sido una «asfixia económica» que favoreció a la competencia. La compañía había enviado una advertencia formal a la delegación el 27 de febrero de 2026, seguida de escritos de impulso posteriores. Son alegaciones de parte que el juzgado deberá valorar.
La orden de operadores confiables
El origen del conflicto está en una orden del Ministerio de Hacienda aprobada en diciembre de 2025 que creó la figura del operador confiable en el mercado de hidrocarburos. El plazo para acceder terminó el 1 de febrero de 2026 y, nueve meses después, la Agencia Tributaria no había publicado un listado oficial. Según el artículo, se conocen solo ocho empresas confiables por fuentes del sector, entre ellas grandes operadores como Repsol, Moeve, BP o Galp, mientras que unas cincuenta no confiables deben aportar un aval o seguro de caución del 110% de la cuota de IVA de los dos últimos meses para operar.
Fuentes del sector citadas por el medio consideran que la orden supone «competencia desleal» y fomenta el oligopolio. Es una opinión de esas fuentes, que el Ministerio no ha desmentido ni confirmado en la información de referencia.
Una cadena de salidas en la Agencia Tributaria
El cese no es un hecho aislado. El artículo recuerda que el 1 de julio de 2026 dimitió de forma sorpresiva la directora general de la Agencia tras cuatro años en el cargo, y que el 25 de septiembre fueron cesados la directora de Recaudación y el director de Inspección Financiera y Tributaria. En febrero de 2024 ya habían salido el director de Inspección y la directora de Aduanas e Impuestos Especiales, en coincidencia con el caso Koldo y con un fraude de hidrocarburos que causó un agujero de «cientos de millones de euros».
No se debe deducir de la sucesión de salidas ninguna conexión causal, porque el texto no la establece. Pero sí dibuja un clima de inestabilidad en la cúpula del organismo. LaBandera ya recogió que los inspectores de Hacienda denunciaban la mayor crisis de la historia por supuestas injerencias del Gobierno, una afirmación del colectivo y no un hecho acreditado.
Qué significa en la práctica
Para el sector de los combustibles, la clave es el reparto del mercado. El título de Redef permite vender gasolina o diésel desde el depósito fiscal a las gasolineras, y quien no es operador confiable debe inmovilizar un aval importante. Si la querella prosperase, habría que dilucidar si la demora en resolver fue negligencia, desidia o una decisión deliberada, algo que solo la instrucción podrá establecer. Si no prospera, quedará como un episodio de conflicto entre un operador y la Administración.
Los defensores de la orden argumentarán que su objetivo es combatir el fraude de IVA en hidrocarburos, un problema real y costoso para las arcas públicas. Los críticos replicarán que, sin listado oficial ni criterios transparentes, se crea inseguridad jurídica. Ambos argumentos son válidos como debate y ninguno está resuelto.
Lo que falta por saber
No consta la versión de los funcionarios investigados ni del Ministerio de Hacienda sobre la querella, ni los motivos oficiales del cese, que el BOE no detalla. Tampoco se sabe si la decisión está relacionada con el procedimiento judicial. Todo lo expuesto procede de The Objective, que dio la primicia de las pesquisas, y se presenta según informa ese medio, sin que LaBandera pueda confirmar de manera independiente cada extremo.
