La legislación española y catalana recoge expresamente la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio. Así lo demuestran diferentes normas que establecen la igualdad de género como uno de los criterios que deben tenerse en cuenta durante la planificación, el desarrollo y la evaluación de estas políticas.
Las declaraciones de David Broncano durante su entrevista a Santiago Abascal en el programa La Revuelta han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el papel de la perspectiva de género en la regulación del mercado inmobiliario. Durante la conversación, el presidente de VOX aseguró que determinadas exigencias relacionadas con este enfoque han supuesto obstáculos para la construcción de viviendas y la ordenación del suelo.
Broncano cuestionó esta afirmación y llegó a considerar que era «imposible» que existiera una regulación de estas características en el ámbito inmobiliario. Sin embargo, el contenido de la legislación vigente contradice esa percepción.
La Ley de Vivienda de 2023 incorpora expresamente la perspectiva de género
Una de las principales referencias normativas es la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Esta legislación contempla de manera explícita la igualdad desde diferentes perspectivas, entre ellas la de género, como principio que debe orientar las políticas públicas relacionadas con la vivienda.
En concreto, el apartado ñ establece la necesidad de:
«Garantizar la igualdad, desde la perspectiva de género, edad, capacidad y perspectiva territorial, en todas las políticas y acciones en materia de vivienda, a todos los niveles, y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación».
Por tanto, la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de vivienda no es una cuestión ajena al ordenamiento jurídico español, sino un criterio recogido expresamente en una ley estatal.
Cataluña también exige aplicar la perspectiva de género en urbanismo y vivienda
La normativa autonómica catalana va un paso más allá al establecer obligaciones específicas para integrar este enfoque en la planificación urbanística y territorial.
La Ley 17/2015, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, recoge en su artículo 53, dedicado a las políticas de medio ambiente, urbanismo, vivienda y movilidad, la obligación de incorporar la perspectiva de género en las distintas etapas de desarrollo de estas actuaciones.
El precepto señala que las políticas públicas deben integrar este criterio durante las fases de diseño, planificación, ejecución y evaluación urbanística. El objetivo es que las necesidades y prioridades relacionadas tanto con el trabajo remunerado como con las tareas domésticas y de cuidados tengan una consideración equivalente en la configuración de los espacios urbanos.
La propia norma establece que esta integración debe contribuir a eliminar las desigualdades existentes y favorecer una planificación de las ciudades que tenga en cuenta las diferentes necesidades de la población.
La Ley del Derecho a la Vivienda catalana también contempla criterios de género
Otra referencia legislativa relevante es la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda de Cataluña. Su artículo 23 incorpora expresamente los criterios de género dentro de los principios que deben orientar los procesos de edificación, conservación y rehabilitación del parque residencial.
El texto establece que estas actuaciones deben atender a aspectos como la cohesión social, la eficiencia energética, la optimización de los recursos disponibles, la innovación arquitectónica y la incorporación de criterios de género.
De este modo, la legislación catalana también contempla la perspectiva de género como un elemento que debe considerarse en el desarrollo y mantenimiento del parque de viviendas.
La legislación contradice las dudas expresadas en 'La Revuelta'
Las referencias normativas muestran que la perspectiva de género sí forma parte del marco legal que regula las políticas de vivienda y urbanismo en España y Cataluña.
La Ley estatal 12/2023, la Ley catalana 17/2015 y la Ley 18/2007 recogen disposiciones relacionadas con la integración de este enfoque en la planificación, el diseño y la ejecución de actuaciones urbanísticas y residenciales.
Por tanto, aunque el debate sobre los efectos de estas exigencias en la construcción de viviendas, la ordenación del suelo y el mercado inmobiliario admite diferentes interpretaciones, su presencia en la legislación vigente está documentada.
Las dudas planteadas por David Broncano durante su conversación con Santiago Abascal contrastan así con el contenido de unas normas que mencionan expresamente la perspectiva de género en el ámbito de la vivienda y el urbanismo.
