El Gobierno ha publicado en el BOE un real decreto que fija ayudas de entre 4.000 y 7.600 euros para españoles de origen que retornen a España, y la norma entrará en vigor el 29 de noviembre, el mismo día de las elecciones generales. Según un análisis de El Debate, la memoria oficial prevé multiplicar por diez el dinero repartido en 2019 y por 8,2 la ayuda máxima por unidad familiar. El medio sostiene que se trata de una forma de «comprar» votos, una tesis que es suya y que, como veremos, el propio texto matiza.
Qué dice el real decreto
El texto se publicó en el BOE el lunes 9 de noviembre y el Consejo de Ministros ya lo había anunciado el día 3, sin cifras. Entra en vigor veinte días después de su publicación, con la campaña electoral arrancando el viernes 13. Las cuantías comprometidas son de 4.000 euros por beneficiario individual y de hasta 7.600 euros para unidades familiares con tres o más familiares a cargo. Una disposición final obliga al Gobierno a aprobar, en el plazo de un año, otra norma con requisitos, procedimiento, pago, incompatibilidades y reintegros.
Se considera «retornado» al español de origen nacido en el extranjero que se traslade a España y haya estado al menos doce meses inscrito en el Registro de Matrícula Consular. Según el análisis, se exigirá también tener entre 18 y 65 años y acreditar vulnerabilidad, aunque esos requisitos quedan pendientes del desarrollo posterior.
Las cifras de la memoria
La memoria del proyecto, fechada en 2025, estima un coste inicial anual de 8.084.255,76 euros, una ayuda media teórica de 5.800 euros y unas 1.394 concesiones al año. Para tener una referencia, en 2019, el último ejercicio con ayudas concedidas, se repartieron 798.285 euros entre 858 beneficiarios, con una media de 930,40 euros. En 2020 se presentaron 1.817 solicitudes y ninguna se aprobó, según el artículo, por falta de crédito.
Con esos datos, el análisis calcula que el dinero distribuido se multiplicaría por 10,1, la cuantía media por 6,2 y la ayuda máxima por 8,2. Son operaciones aritméticas sobre las cifras de la propia memoria, aunque conviene recordar que el texto definitivo aplaza el desarrollo a otro decreto y, por ahora, solo se conocen el mínimo y el máximo.
El vínculo con la ley de nietos
El análisis conecta la medida con la ley de nietos. Según el artículo, Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, firmó el 25 de octubre de 2022 una instrucción por la que los nacionalizados al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática pasaron a ser españoles de origen. LaBandera ya contó que presuntamente cambió los formularios de los consulados y amplió la ley de nietos. Se trata de un relato que debe leerse con la cautela de lo presunto.
La dimensión electoral es evidente. El artículo habla de 162.454 nacionalizados en el anexo I, con el voto suspendido en su mayoría, y de hasta 189.678 personas en el anexo III que sí podrían votar. El Supremo, por su parte, permitió votar a unos 190.000 hijos de nacionalizados pese al recurso de Vox, y mantuvo suspendido el voto de los nacionalizados que no acrediten el exilio.
Lo que el propio texto reconoce
Hay que ser justos con los matices. El análisis es una pieza de opinión y su tesis, que el Gobierno «compra» votos, es una valoración de la autora. El propio texto reconoce que no hay pruebas de que la ayuda se condicione al voto ni de que los potenciales beneficiarios vayan a votar al PSOE, y aclara que no habla del delito de compra de votos. Además, el artículo recuerda que la ayuda existe desde 2007, es decir, no es una invención de esta legislatura.
Aun así, señala una paradoja: el Ejecutivo que dejó sin dotación la línea en 2020, cuando era ministro de Inclusión José Luis Escrivá, es el que ahora plantea una cuantía muy superior justo antes de unas elecciones. La coincidencia de fechas, sin ser prueba de nada, explica que la oposición lo señale. Quienes defienden la medida replicarán que se trata de ayudar a quienes vuelven en situación de vulnerabilidad, un objetivo que existe desde hace casi veinte años.
Lo que falta por saber
Quedan por conocer los requisitos definitivos, cuántas personas podrán acogerse realmente, de qué partida saldrá el dinero y si habrá recursos judiciales contra la norma. Tampoco hay una respuesta oficial del Gobierno a la acusación de electoralismo. Todo lo expuesto procede de lo publicado por El Debate y de la normativa citada, y se presenta según informa ese medio, sin que LaBandera dé por demostrada ninguna intención electoral.
