La Seguridad Social ha reclamado 671,3 millones de euros en cobros indebidos del Ingreso Mínimo Vital desde que se puso en marcha la prestación, y de los casi 300.000 expedientes tramitados, 38.071 corresponden a titulares extranjeros. Según informa The Objective, que accedió a una resolución del Ministerio de Inclusión a través del Portal de Transparencia, solo se ha reintegrado hasta ahora 375,9 millones, y la Administración no especifica qué parte de lo reclamado sigue pendiente de cobro.

El desglose que importa

De los 671,3 millones reclamados, 500,4 millones corresponden a procedimientos generales y especiales de reintegro y 170,9 millones a compensaciones directas sobre la propia ayuda. Por nacionalidad, y es un dato que conviene dar completo, los titulares españoles acumulan 426,5 millones reclamados en procedimientos generales y especiales frente a 73,9 millones de los extranjeros; en compensación directa, 147,5 millones frente a 23,4 millones. Sumando ambas vías, los españoles concentran en torno al 85% de lo reclamado y los extranjeros, en torno al 15%. Es un cálculo propio sobre las cifras publicadas.

En expedientes, la proporción es parecida: de los 294.479 tramitados, 256.408 son de españoles y 38.071 de extranjeros, algo menos del 13%. Por vías, hay 175.406 expedientes firmes de procedimientos generales y especiales (152.122 de españoles y 23.284 de extranjeros) y 119.073 de compensación directa (104.286 y 14.787, respectivamente).

De dónde salen los cobros indebidos

El INSS explica que la mayor parte procede de la actualización anual de la cuantía: el organismo recalcula la prestación cuando dispone de los datos tributarios definitivos del año anterior y regulariza lo abonado desde el 1 de enero o desde la fecha de efectos de la solicitud. Ese mecanismo hace que un beneficiario pueda cobrar durante meses más de lo que le corresponde. El propio artículo subraya que los cobros indebidos no implican necesariamente una actuación fraudulenta de los perceptores, y LaBandera lo recuerda para no inducir a error: reclamar un importe no equivale a acusar de fraude.

La Airef ya propuso en 2024 usar información administrativa con más frecuencia, mensual o trimestral, para reducir estas reclamaciones. Hasta que eso ocurra, el sistema paga primero y regulariza después.

Cómo intenta cobrar el Estado

El procedimiento tiene varias fases. Primero se comprueba si corresponde aplicar las limitaciones previstas para unidades de convivencia con menores y si la deuda supera el mínimo exigible. Después se aplica la compensación directa, con descuentos mensuales sobre el propio IMV, garantizando que el beneficiario siga percibiendo al menos el 30% de la prestación. Si no es posible, se recurre a procedimientos especiales con descuentos sobre otras prestaciones, y como último recurso, al procedimiento general de reclamación de deuda. El INSS reconoce que la tramitación puede extenderse durante varios ejercicios.

Lo que la Administración no cuenta

Quizá lo más llamativo es lo que falta. La Seguridad Social se negó a entregar parte de la información solicitada: el número de mensualidades abonadas indebidamente, cuántos expedientes afectan a unidades de convivencia con menores y los desgloses anuales y por nacionalidad de origen. Alegó el artículo 18.1.c de la Ley de Transparencia, que permite inadmitir solicitudes cuando la divulgación exige una reelaboración previa, y sostuvo que no dispone de una explotación estadística con esos datos. Esa opacidad alimenta las críticas de quienes piden más control sobre la prestación.

El contexto: una prestación enorme

Hasta septiembre, el programa había recibido más de 4,31 millones de solicitudes, había resuelto más de 4,26 millones y había abonado más de 22.724 millones de euros en nóminas. En ese mes, la nómina bruta superó los 479 millones y los beneficiarios protegidos fueron 2,76 millones. LaBandera ha seguido el asunto con datos como que más de 155.000 extranjeros cobran el IMV o que, según otro análisis, los extranjeros son el 32% del IMV. Cruzar ese 32% con el 13% de los expedientes de reintegro apunta, a primera vista, a que la proporción de reclamaciones entre extranjeros no es superior a su peso entre los titulares, aunque sin los desgloses que la Administración ocultó no puede afirmarse con rigor.

Lo que falta por saber

Falta saber qué parte de los 295 millones aún no recuperados es realmente cobrable, cuántas deudas se han declarado incobrables y cuántos casos corresponden a fraude demostrado y no a simples regularizaciones. Todo lo expuesto procede de la resolución a la que accedió The Objective y de las cifras que atribuye al Ministerio, con las diferencias de redondeo propias de las sumas publicadas.