El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el voto de los hijos de nacionalizados por la ley de nietos en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, una decisión que permitirá participar en los comicios a alrededor de 190.000 personas, según han informado fuentes jurídicas a la Agencia EFE. El Alto Tribunal desestima así la petición de medidas cautelares presentada por Vox e Iustitia Europa, que solicitaban extender a estos descendientes las restricciones electorales acordadas anteriormente para sus progenitores.
La resolución introduce una diferencia entre dos grupos de ciudadanos que han accedido a la nacionalidad española por vías relacionadas con la Ley de Memoria Democrática de 2022. Mientras que el Supremo había suspendido cautelarmente el derecho de voto de quienes obtuvieron la nacionalidad directamente mediante la disposición conocida como ley de nietos, salvo que acreditasen descender de exiliados, sus hijos conservarán la posibilidad de acudir a las urnas el 29-N.
La decisión afecta a un colectivo de aproximadamente 190.000 personas y se produce a menos de tres semanas de las elecciones generales. La controversia judicial gira en torno a las consecuencias electorales de los procedimientos extraordinarios de adquisición de la nacionalidad y al alcance que deben tener las medidas cautelares solicitadas ante el Tribunal Supremo.
El Supremo distingue entre los nacionalizados por la ley de nietos y sus hijos
La denominada ley de nietos es una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, que abrió nuevas posibilidades para obtener la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles. Entre los supuestos contemplados figuran hijos y nietos de personas que perdieron o renunciaron a la nacionalidad como consecuencia del exilio, además de otros casos recogidos expresamente en la norma.
El conflicto judicial se centra en la participación electoral de quienes adquirieron la nacionalidad mediante este procedimiento. Según la información facilitada por EFE, el Supremo había acordado anteriormente una suspensión cautelar del derecho de voto de determinados nacionalizados, con una excepción para quienes acreditasen ser descendientes de exiliados.
Vox e Iustitia Europa solicitaron que la medida se extendiera también a los hijos de esos ciudadanos, pero el tribunal ha rechazado esa ampliación. En consecuencia, los descendientes incluidos en este segundo colectivo no quedarán afectados por la suspensión cautelar solicitada y podrán participar en las elecciones generales.
La diferencia resulta relevante porque el procedimiento judicial no afecta de la misma manera a los ciudadanos que adquirieron directamente la nacionalidad al amparo de la disposición de 2022 y a sus hijos, cuya situación electoral ha recibido ahora un tratamiento distinto.
Vox e Iustitia Europa no consiguen ampliar la suspensión cautelar
La resolución supone un revés procesal para la solicitud presentada por Vox e Iustitia Europa, que pretendían extender las restricciones electorales a los aproximadamente 190.000 hijos de nacionalizados afectados por la controversia.
El Tribunal Supremo ha descartado adoptar esa medida cautelar adicional, por lo que estos ciudadanos conservarán su derecho a participar en los comicios del 29 de noviembre, siempre que cumplan los requisitos electorales generales y figuren en el censo correspondiente.
La decisión no implica necesariamente un pronunciamiento definitivo sobre todas las cuestiones jurídicas planteadas en el procedimiento. Las medidas cautelares tienen carácter provisional y su finalidad es resolver qué situación debe mantenerse mientras se examina el fondo de una controversia.
Por el momento, la información conocida sobre la resolución no incluye una exposición completa de los fundamentos jurídicos empleados por el tribunal para rechazar la petición relativa a los hijos de los nacionalizados.
Una decisión a menos de tres semanas de las elecciones generales
El pronunciamiento llega en un momento especialmente relevante para la organización de las elecciones generales del 29 de noviembre, cuando los procedimientos de elaboración y gestión del censo electoral adquieren una importancia decisiva.
La situación afecta particularmente a los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que han obtenido la nacionalidad por vínculos familiares y a sus descendientes. No obstante, la cifra de 190.000 personas representa el colectivo al que se refiere la solicitud cautelar y no debe confundirse con una estimación de los votos que finalmente se emitirán.
El rechazo del Supremo a suspender el voto de los hijos de nacionalizados por la ley de nietos mantiene, por tanto, su participación electoral dentro de las reglas generales aplicables a los ciudadanos españoles con derecho de sufragio.
La resolución deja dos situaciones diferenciadas ante el 29-N: la de los nacionalizados directamente afectados por la suspensión cautelar anterior, con la excepción establecida para los descendientes de exiliados, y la de sus hijos, a quienes el Alto Tribunal ha decidido no extender esa restricción.
